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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, valoró que diputados oficialistas retiraran el requerimiento que habían presentado ante el Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley de indulto conmutativo por excluir a violadores de Derechos Humanos.
“Los diputados han tenido el buen juicio, el buen criterio y la prudencia” de retirar su requerimiento, estimó Larraín.
Superado este obstáculo para el proyecto impulsado por el Gobierno a fin de reducir el hacinamiento en las prisiones del país para evitar que se conviertan en foco de contagio de la pandemia de Covid-19, indicó que éste podría ser publicado como ley a fines de esta semana en el Diario Oficial.
El secretario de Estado sostuvo que lo único que falta es la sentencia que debe entregar el Tribunal Constitucional, fundamentando el fallo que este lunes rechazó otro requerimiento que había sido presentado por senadores de Chile Vamos.
“Si el tribunal decide entregar rapidamente esta información al Senado y si el Senado la envía con rapidez al Ejecutivo, es posible que a fines de esta semana podamos tener publicada la ley en el Diario Oficial, y si eso es así este próximo fin de semana los primeros indultados podrían irse bajo arresto domiciliario, con lo cual estaremos avanzando en el objetivo sanitario de descomprimir y reducir la población penal”, auguró el ministro.
Todo esto, a fin de “así cuidar mejor a toda la población penal, a todos los que trabajan ahí, y que quienes salgan beneficiados puedan recibir el cuidado por sus familias”.
Dos requerimientos
El de los diputados era el segundo requerimiento presentado por parlamentarios en contra de la iniciativa que busca descongestionar las prisiones del país en el contexto de pandemia de Covid-19, dado que previamente senadores también habían presentado una iniciativa similar que finalmente fue rechazada la tarde de este lunes por el TC.
Otros motivos también derivaron a que el requerimiento de los diputados tuviera pocas posibilidades de prosperar ante el TC: por un lado, uno de los firmantes optó a última hora por retirar su firma para evitar extender la tramitación del proyecto; y por otro, aunque los demás hubieran persistido, de todos modos pudo haber sido desestimado nuevamente por lo ministros descartaron la petición de los senadores, sobre todo considerando que el fondo del reclamo es el mismo.
Con esto, el proyecto quedará en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo una vez sean emitidos los informes correspondientes.
Una vez en vigencia, la población penal perteneciente a grupos de riesgo (mayores de 75 años, mujeres embarazadas y con hijos menores de dos años) que no hayan cometido delitos de mayor connotación (como asociación ilícita por narcotráfico, infracciones a la ley de control de armas, violencia intrafamiliar y violaciones a los DDHH) podrá completar sus penas en arresto domiciliario total, a fin de reducir el hacinamiento en las prisiones del país y prevenir que se conviertan en focos de contagio de la pandemia de Covid-19.
En total, serán cerca de 1.300 los internos -de población de riesgo- que podrán acceder a este beneficio de arresto domiciliario.
