El presidente Sebastián Piñera se abrió este domingo a la posibilidad de entregar un beneficio a los condenados por violaciones a los DDHH y que cumplen condena en Punta Peuco.

En una entrevista a la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel), Piñera indicó que las personas con enfermedades que están condenadas -sin importar el crimen- debiesen tener la posibilidad de morir en su casa.

“No solamente los condenados de Punta Peuco, esto no distingue por crimen, lo que yo creo es que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa”, expresó.

Según el mandatario, más que un indulto se debería cambiar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario. Además hizo referencia a un proyecto de ley enviado en 2018 y que busca dar beneficios a reos mayores de 75 años.

“Por eso la idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario total y eso va a favorecer a muchas personas no solamente de Punta Peuco sino de todas las cárceles de Chile, que yo creo que debieran poder morir con dignidad junto a sus seres queridos, ese es un derecho que yo creo lo merecemos todos los seres humanos, la muerte con dignidad”, agregó.

“Las personas que son enfermos terminales, que se están literalmente muriendo de enfermedades gravísimas, de cáncer o cualquier otra o que están totalmente enajenados, con alzhéimer que no pueden valerse por sí mismos, yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad, todos tenemos derecho a una muerte con dignidad. Pero no solamente los condenados de Punta Peuco; esto no distingue por crimen”, sostuvo.

La polémica en torno al debate sobre un indulto a los reos de Punta Peuco, se retomó luego que fueran excluidos en a un nuevo proyecto de ley para indultar a presidiarios mayores de 75 años, como medida precautoria de la pandemia del Covid-19.

(Este proyecto es diferente al presentado en 2018 y se enmarca a la contingencia por el coronavirus).

En concreto, la medida contempla sustituir las penas de privación de libertad por arresto domiciliario total a las personas mayores de 75 años y aquellos que tengan entre 65 y 74, y que les queden menos de un año para cumplir su condena.