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Casi 30 condenados por delitos contra los derechos humanos están considerados como enfermos severos, de acuerdo a un documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío.
En concreto son 29 los que conforman la lista, de los cuales 22 están internados en el penal Punta Peuco y siete en el recinto penitenciario Colina I.
Entre las enfermedades que presentan están el alzheimer, demencia senil, cáncer de colón, de páncreas, bronquitis obstructiva, entre otras patologías.
De igual forma, el abogado de dichos condenados solicitó al director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal, se le aplique a sus representados el examen que detecta el coronavirus.
En la misma línea, Piñera envió un veto por el proyecto de indulto y paralelamente le puso urgencia al proyecto de ley humanitaria, que busca descomprimir las cárceles nacionales en el marco de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Recurso de Amparo
En paralelo, representantes de la Iglesia Anglicana de Chile, presentaron un recurso de amparo en favor de los presos condenados por delitos contra los derechos humanos, internos en las cárceles de Punta Peuco, Colina 1 y Centro Penitenciario Femenino.
La acción va dirigida en contra del presidente Sebastián Piñera; el ministro de Justicia, Hernán Larraín Fernández; el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela; y el director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal, por poner en “grave peligro la vida de las referidas personas, todos adultos mayores de 65 años, con graves enfermedades de base, al rechazar la solicitud de modificación en la ejecución penal, conmutando su pena privativa de libertad por una reclusión domiciliaria total, o en subsidio, la posibilidad real de poder ser trasladados a sus casas (Hospital en casa) a fin de no colapsar los hospitales o clínicas”.
Asimismo, la acción busca que “se les otorgue protección y se garantice sus vidas en el contexto de la pandemia que actualmente azota a la totalidad de países del mundo. Consideramos que la decisión de rechazo a la modificación en la ejecución penal los enfrentaría a una muerta segura si llegan a contagiarse con el coronavirus. Tales condiciones de detención podrían convertirse en breve en una pena de muerte”.
