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El pasado 11 de marzo, un joven de 18 años, a quien llamaremos “Manuel”, junto a un grupo de amigos, ingresó al portal “Skokka”, donde se ofrecen servicios sexuales.
En la plataforma el usuario selecciona con el mouse y ésta de inmediato envía un mensaje de WhatsApp a la prestadora. En este caso, se identificó como Giselle.
Luego de preguntar cuáles eran los servicios que prestaba, declinó tomarlos.
En solo cosa de horas, Manuel comenzó a recibir llamados extorsivos, luego que consiguieran el número de RUT y la identidad de su padre -a cuyo nombre estaba la cuenta internet-, entre otros datos personales.
A las 22:17 horas, a Manuel lo llamó un supuesto gerente comercial del sitio de sexo, identificándose como “Fernando Santa María”, sin esconder el número de celular desde el que se comunicaba.
En la oportunidad, le indicó que una de las trabajadoras sexuales se había comunicado con él para decirle que Manuel era un “homofóbico”, pidiéndole autorización para divulgar la imágenes del joven en las redes sociales, ya que le habría hecho perder clientes.
Seguidilla
Acto seguido -y para evitar la situación- el supuesto gerente le pidió que depositara 40 mil pesos para subsanar multas a la prestadora. Manuel accedió y lo ingresó a la cuenta de una mujer identificada como Fernanda, presunta encargada administrativa de las agencia de escorts.
Sin embargo, al día siguiente el sujeto volvió a la carga solicitando más dinero. Esta vez 40 mil pesos adicionales, porque habían multado a Gisselle en 80 mil por “desatender” a un cliente, toda vez que la trabajadora seguía indignada.
El presunto ejecutivo volvió a la carga, esta vez exigiendo un pago de 200 mil pesos. Angustiado, “Manuel”, optó por depositar la suma señalada.
Posteriormente, el padre de “Manuel” se enteró de los llamados extorsivos. Esta vez contactaron a este último, pidiendo que depositara 1 millón de pesos en la cuenta de Gisselle, de lo contrario irían al domicilio a provocar un escándalo. El argumento fue que la trabajadora sexual había anunciado que recurriría a la Inspección del Trabajo a denunciar malas prácticas laborales.
Desde ese día las extorsiones no han cesado.
La información aparece en una querella criminal que interpuso el progenitor de Manuel ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de extorsión, amenazas, asociación ilícita y receptación, el pasado 13 de marzo.
Lea la querella completa
En la acción legal, relata los hechos y entrega las identidades y teléfonos de los imputados, como también el número de cuenta de “Fernanda”.
Como medio de prueba, el querellante mantiene las conversaciones de WhatsApp y los depósitos en el BancoEstado.
La investigación quedará en la Fiscalía Centro Norte.
En todo caso, no es la primera vez que que se utiliza este sistema. En mayo de 2019, un abogado, pero en Punta Arenas, denunció un hecho similar al Ministerio Público local. El profesional pensó que se trataba de una estafa telefónica, pero los antisociales contactaron a todo su grupo familiar.
