Este viernes, el general de división y tercer hombre a cargo del Ejército, Rodrigo Urrutia Oyarzún, llegó de civil y en calidad de inculpado hasta la oficina de la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien lidera la indagación del presunto fraude al interior de la institución castrense.
Al general, quien además es comandante de Apoyo a la Fuerza, se le indaga por las aristas “pasajes” y “fletes” del Ejército, pero también por una denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado, donde lo acusaron de falsedad militar.
Puntualmente, se le acusa de haber emitido un certificado de búsqueda, donde decía que no existían antecedentes respecto a los “contratos de adquisiciones realizadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza en que las Fábricas y Maestranzas del Ejército haya sido el intermediario”.
Sin embargo, desde el CDE afirmaron que la información sí existía y que Urrutia habría incumplido un deber militar.
Según fuentes ligadas a la causa, el general declaró -por casi ocho horas- por la arista “transparencia”, relacionada a la denuncia que realizó el organismo estatal.
El abogado que lidera diversas causas penales contra el Ejército, Cristián Cruz, afirmó que hay que tomar una decisión de fondo para “descabezar” la parte corrupta de la institución.
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Por su parte, el diputado socialista, Leonardo Soto, quien fue miembro de la Comisión Especial Investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército, hizo un llamado a que la institución castrense ponga a disposición de la justicia a todos los inculpados por presuntos delitos de corrupción.
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El último general activo con un grado alto en el Ejército en comparecer como inculpado ante la ministra en visita, fue el exjefe del Estado Mayor, John Griffiths. En esa oportunidad fue por la arista pasajes y, tras ser procesado, renunció a la institución castrense.
El general Urrutia Oyarzún podría declarar en los próximos días por las aristas “pasajes” y “fletes” del Ejército, investigación que la ministra Rutherford lleva hace tres años, por el eventual fraude al interior de la institución castrense.