Hace poco más de una semana, la Contraloría tomó razón del nuevo Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) que se aplica a las Fuerzas Armadas para los estados de excepción constitucional. El acto administrativo ocurrió a días de que se reactiven las movilizaciones el próximo 2 de marzo y con ello un nuevo dolor de cabeza para La Moneda en materia de orden público.
Conocido el documento aprobado por el organismo fiscalizador, los correos entre personal del Ejército -activo y en retiro- no han dejado viajar por las redes y los grupos de whatsapp, como también los comentarios en sordina donde predomina la opinión de que el cuerpo castrense se convirtió en el nuevo “departamento de policía” o en una “empresa de seguridad”.
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En las RUF se establecieron varios aspectos, entre ellos la legalidad en el uso de las armas de fuego. El documento, apunta a los principios de proporcionalidad, gradualidad, responsabilidad, el deber de advertencia para evitar “un daño colateral” en el caso de la legítima defensa. En otras palabras, disparar es el último recurso.
Una alta fuente castrense que prefiere el anonimato explicó que el Ministerio de Defensa ha debido aclarar internamente cómo opera las RUF aprobadas por el ente fiscalizador, reforzando que los militares siguen teniendo el monopolio del uso de la fuerza, siempre y cuando la ley así lo disponga. Y lo hizo a través de un documento de seis puntos, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Se indicó que, visto en el papel “suena lógico”, pero en los hechos -argumentan- “otra cosa es con guitarra”.
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En uno de los mails a los que accedió este medio, un efectivo se pregunta qué sucedería si un grupo de personas quisiera atacar La Moneda armada de palos, chuzos, hachas y otras armas que no caben dentro del rango de “letales”.
En correos y whatsapp tenidos a la vista, los uniformados aseguran que si el gobierno llama nuevamente a un estado de excepción es altamente probable, como ocurrió a fines de 2019 que nuevamente estimen que las condiciones para actuar no son las que necesitan para ejercer su labor coercitiva y coactiva en aras del orden público.
De hecho, en los mismos registros digitales, se comenta que una solución para evitar problemas de interpretación de la norma cuando se usen armas, es que fiscales del Ministerio Público estén monitoreando las acciones militares en la calle. Es decir fiscales de turno.
Aun cuando se reconoce que es una situación que está lejos de ocurrir, fuentes castrenses aseguran que enfrentan problemas con la tropa, que en su mayoría son jóvenes quienes al regresar a sus hogares deben enfrentar a sus vecinos, amigos e incluso su familia por acciones en las que pudieran participar si es que se decreta un nuevo estado de excepción. A lo anterior, se agrega, un sentimiento de utilización por parte de la autoridad política.
Este medio consultó al Ejército sobre las RUF y la percepción que la entidad castrense tiene de ellas. A través de un escueto comunicado se indicó “la Institución se encuentra trabajando junto al Ministerio de Defensa Nacional en su operacionalización para ser aplicadas cuando corresponda y la autoridad lo determine”,
Espina refuerza
Pero no es lo único. La semana pasada, un grupo de desconocidos vandalizaron la tumba de Arturo Prat, ubicada en la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Luego de ello, el jefe institucional, almirante Julio Leiva grabó un video en el que señaló que defenderán dicho símbolo patrio “como corresponde y de acuerdo a los instrumentos que tenemos”.
En una entrevista que otorgó a T13 Radio, el ministro de Defensa Alberto Espina, respaldó a Leiva sin ambages: “Si un grupo de vándalos pretende destruirlo (la tumba de Prat), la Armada tiene el deber de protegerlo, incluso usando sus armas de fuego, si se llega al extremo que lo justifique”.
La molestia en el Ejército, dicen fuentes internas, escaló un peldaño con estas últimas palabras, ya que la marina instaló alambres de púa en torno a la tumba del héroe, lo que fue validado por la autoridad como una medida racional de protección.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando en el regimiento Granaderos de Iquique se adoptó igual medida. A diferencia de lo ocurrido con la Armada, la municipalidad ordenó el retiro inmediato de la alambrada. En esa oportunidad, desde la cartera de Defensa nada se dijo.
Como sea Espina ha estado en el centro de la polémica en estos días. Este martes el secretario de Estado envió una nueva señal a las Fuerzas Armadas, cuando aseguró que estas últimas no habían cometido violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Por el contrario, indicó que la dotación castrense cumplió “rigurosamente los protocolos del uso de la fuerza”.
Sus afirmaciones fueron refutadas de inmediato por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de un comunicado. En el documento, el organismo aseguró que, por el contrario han presentado nada menos que 70 querellas criminales.
Las acciones legales, señaló el INDH, corresponden a: nueve por el delito de violencia innecesaria, 51 por tratos crueles, seis por tratos crueles con connotación sexual, una por homicidio frustrado y tres por homicidio.