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Este miércoles un grupo de 40 diputados de oposición presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar la promulgación de la “Ley Antisaqueos” y “Antibarricadas”.
La acción había sido adelantada por el Frente Amplio, pidiendo reserva de constitucionalidad para el proyecto impulsado por el Gobierno que este jueves fue despachado a ley por el Congreso.
Desde el bloque opositor calificaron la normativa como “una mera estrategia comunicacional” orquestada por el Ejecutivo, asegurando que aumentar las penas para el saqueo hará que baje la ocurrencia del delito. En paralelo, afirman que el texto aprobado altera el derecho fundamental de las personas a protestar, el cual está consagrado en tratados internacionales.
Al respecto, la diputada Gael Yeomans (CS) calificó el proyecto como “represivo”, defendiendo que “creemos que acá hay un derecho fundamental que tiene que ser resguardado y que es el derecho a reunión, manifestarse libremente en este país es una de las pocas garantías en esta Constitución y tenemos que hacerla respetar”.
“Esta ley la vulnera y por eso acudimos al TC, a pesar de todas las críticas que mantenemos al uso de esta institución, porque debemos ir a todas las instancias para resguardar un derecho fundamental de esta categoría. Además esta ley vulnera el debido proceso, porque se requiere autorización previa para poder ejercer esto y si no se cumple, se incurriría en el delito que está sancionado hoy por esta moción que fue aprobada por la Cámara y también por el Senado”, argumentó.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, sostuvo que “vamos al TC porque el Gobierno ha fracasado en su labor de cautelar la seguridad pública de los chilenos. Y como ha fracasado, quiere lograr ese objetivo pidiendo que le autoricemos la vulneración de los derechos que están establecidos en la Constitución y eso no lo vamos a permitir”.
En tanto, el diputado Diego Ibáñez (CS) indicó que con esta acción se congela la norma para hacer un control de constitucionalidad, acogiéndose a los derechos fundamentales de libertad de reunión y expresión.
“Y no lo señalamos nosotros como parlamentarios de oposición, ni porque seamos de izquierda, esto lo señala el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Latinoamérica, donde efectivamente señala que el tipo penal que es una cláusula abierta, una cláusula de riesgo, coloca en vulneración el derecho efectivo de libertad de reunión, eso es inconstitucional”, explicó.
En esta dirección, afirmó que “este proyecto no es una ley antisaqueo, es una ley anti protesta social, una ley que pretende criminalizar, por ejemplo, Las tesis feminista y carnavales culturales”.
Tras su ingreso, resta esperar la asignación del rol y la resolución que lo admita a tramitación, pasando por el examen de admisibilidad del TC.
