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El Frente Amplio confirmó que llevará la “Ley Antisaqueos” al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de frenar su promulgación.
En concreto, el conglomerado pidió, en voz del diputado Diego Ibáñez, reserva de constitucionalidad para el proyecto impulsado por el Gobierno, que este jueves fue despachado a ley por el Congreso.
Desde el bloque opositor calificaron la normativa como “una mera estrategia comunicacional” orquestada por el Ejecutivo, asegurando que aumentar las penas para el saqueo hará que baje la ocurrencia del delito.
En paralelo, afirman que el texto aprobado altera el derecho fundamental de las personas a protestar, el cual está consagrado en tratados internacionales.
“Es populismo penal, no hay ninguna evidencia que señale que el aumento de pena en este caso mejore las condiciones de los comerciantes”, indicó el diputado Diego Ibáñez del partido Convergencia Social.
“Vamos a solicitar que el tribunal constitucional resguarde este contenido esencial de los derechos que están en el artículo 19 de nuestra Constitución y que se ponga marcha atrás a un proyecto que podría alterar los derechos fundamentales de la gente”, añadió.
Para conseguir su cometido, el FA deberá conseguir el apoyo de 39 diputados que firmen el requerimiento.
En la misma línea, el diputado de Revolución Democrática (RD), Jorge Brito, culpó a Chile Vamos de querer criminalizar las protestas en contra del Gobierno.
“Quieren meter en la cárcel a los manifestantes en contra de este mal Gobierno, lo que me cuesta entender es como algunos parlamentarios que se auto definen ‘de oposición’ compartan esa estrategia”, subrayó el legislador.
El parlamentario frenteamplista objetó que la “Ley Antisaqueos” también sancione con hasta 541 días de cárcel a quienes realicen ‘el que baila pasa’.
“No nos gusta el Tribunal Constitucional, pero la verdad es que estamos disponibles, incluso lo que no nos gusta, para detener este tipo de proyectos”, puntualizó.
En ese mismo sentido, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, es deber de ellos “resguardar el derecho a la libre expresión, el derecho a poder manifestarse”.
“Como Frente Amplio vamos a utilizar una herramienta que también hemos criticado que es el Tribunal Constitucional, pero aún así creemos que debemos utilizar todas las herramientas que tenemos para poder resguardar un derecho garantizado por la Constitución, como es el derecho a reunión”, expresó.
Críticas de Blumel
Sobre este mismo punto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, acusó doble estándar por parte del FA.
“No deja de llamar la atención que quieran recurrir al TC. Por una parte lo cuestionan, pero cuando les conviene no tienen problema con acudir”, argumentó.
Asimismo, valoró que el proyecto impulsado por el Gobierno haya sido despachado a ley.
“Lo que se hace con esta ley es entregarle un conjunto de nuevas herramientas a las instituciones democráticas, a las instituciones de la persecución penal y de la justicia para poder sancionar los delitos graves que alteran el orden público”, declaró el secretario de Estado.
Si se logran las 39 firmas necesarias, el Pleno del TC estará encargado de definir el futuro de la controvertida normativa.
