La Tercera Sala de la Corte Suprema (Constitucional), el pasado 3 de enero, confirmó la sentencia que establece la negativa de aplicar las medidas de protección administrativa al capitán del Ejército, Rafael Harvey. Se trata de uno de los oficiales que denunció corrupción en la institución y cuyo teléfono fue intervenido en 2019 por inteligencia militar.
El fallo contó con los votos de los ministros Carlos Aránguiz, Jorge Zepeda y Rosa Etcheberry. En contra lo hicieron Leopoldo Llanos y Mario Gómez.
Básicamente Harvey buscaba ser reintegrado a las Fuerzas Armadas, pero la institución ha rechazado todas sus alegaciones.
Previamente Harvey había ganado una presentación -en la misma sala- que revocó un dictamen de Contraloría, que lo dejaba fuera del Estatuto Administrativo, que indica que al denunciar hechos de corrupción quedaba protegido por la ley.
El artículo 90 del Estatuto Administrativo establece que “no podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución; no podrán ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren; y no podrán ser objeto de precalificación anual”.
Sin embargo ocurrió lo contrario. Pasó a complemento, salió de la lista 1, cambió de puesto, y fue incluido en la lista anual a retiro propuesta al ministro de Defensa el 25 de octubre de 2018.
El asunto tiene complejidades procesales y presidenciales, ya que es el Mandatario quien debe firmar finalmente el retiro de Harvey. Hasta ahora no ha ocurrido, porque el proceso por el Milicogate está en plena tramitación con la ministro en visita Romy Rutherford.
En los próximos días, los abogados representantes de Harvey, Nelson Caucoto y Francisco Ugaz, presentarán una solicitud de revisión al máximo tribunal para conocer los argumentos del fallo, ya que este último no supera una página.
Perseguido
Todo comenzó en 2015 cuando el capitán del Ejército, Rafael Harvey Valdés, denunció a uniformados de la institución por cobros indebidos a soldados conscriptos de escasos recursos. Desde ese momento, comenzó una pugna que lo mantiene hasta hoy enfrentado a la institución.
Primero fue acusado de sedición por la Fiscalía Militar y condenado por el mismo delito, fallo que fue revocado en todas sus partes por la Corte Marcial en 2019.
