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Este jueves el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, para que investigue en forma agrupada las denuncias relacionadas con la interrupción del rendimiento de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Las denuncias, indicaron desde el Ministerio Público, fueron presentadas ante la Fiscalía el 7 de enero por el diputado Andrés Celis; el 8 de enero por el Ministerio del Interior; y el 9 de enero por los diputados Sebastián Torrealba, Paulina Núñez y Francisco Eguiguren.
En el caso del Gobierno, se incluye incluso una denuncia por Ley de Seguridad Interior del Estado contra los dirigentes estudiantiles que llamaron al sabotaje, además de una serie de querellas.
Las tres denuncias tienen en común que se relacionan con los hechos acaecidos el 6 y 7 de enero, que llevaron al DEMRE a suspender la PSU en establecimientos de todo el país, y finalmente a suspender y cancelar la prueba de Historia.
Por ello, y ante la complejidad del asunto, Abbott estimó “que la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos esté a cargo de un Fiscal Regional nombrado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19, de la LOC del Ministerio Público”, indicaron.
