Este lunes el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, presentó el informe anual del organismo, asegurando que “el hilo conductor de esta narración son las graves violaciones a los Derechos Humanos“.
El informe de 109 páginas se alinea con los textos anteriores de las diversas organizaciones de derechos humanos internacionales.
Se constata que la policía ha tenido conductas reiteradas, como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamiento en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos.
Del mismo modo, establece que el conflicto social se gestó producto a “décadas de falta de respuesta de nuestro sistema político a las demandas principalmente sociales”.
Este texto comprende lo vivido en Chile a través del estallido social hasta el 30 de noviembre de 2019, con seis capítulos donde se sistematiza, analiza y se describen las “graves violaciones a los derechos humanos” ejercidas por agentes del Estado.
El primer capítulo trata sobre los antecedentes que desataron la crisis social de octubre; el segundo, de la crisis misma; el tercer capítulo describe las violaciones a los derechos humanos; el cuarto trata otras situaciones de preocupación como la libertad de expresión, la libertad de religión o creencias y la violación a la morada; le siguen conclusiones y finalmente recomendaciones.
El capítulo de Violaciones de los Derechos Humanos analiza la información recopilada por el INDH a partir de la observación directa por sus funcionarios.
En el texto se constata que existe una falta de control sobre los medios disuasivos que utiliza Carabineros, “problema que se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia por parte de dicha institución, respecto de la autoridad civil”.
“El Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana”, señala el documento.
Asimismo, se sostiene que a partir de los antecedentes que poseen, el accionar de Carabineros ha sido cuestionable, debido a la utilización de la escopeta antidisturbios y balines sin respetar protocolos para el mantenimiento del orden público, basados en el derecho internacional.
Del mismo modo, se critica la excesiva demora del alto mando institucional en tomar medidas efectivas para evitar que se cometan actos que transgreden los derechos humanos.
Finalmente, se entregan una serie de recomendaciones para evitar que se repitan las vulneraciones señaladas en el texto.
