La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dirigido por la expresidenta Michelle Bachelet, analizó la situación de las 26 personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales en su informe publicado este viernes.
En particular, señala que 4 casos se deberían a “acciones que involucran a agentes del Estado”, 2 personas murieron bajo custodia policial y 20 de ellas murieron durante protestas sociales (incluidas tres personas que permanecen sin identificar).
Del total, el ACNUDH pudo verificar información en 11 de estos casos: los 4 casos relacionados con privación arbitraria de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes estatales (Romario Veloz Cortés, Kevin Gómez Morgado, Manuel Rebolledo Navarrete y Alexis Andrés Núñez Sandoval); un caso de una persona fallecida por disparos por parte de un civil, con un militar relacionado al caso (José Miguel Uribe Antipani); un caso relacionado con la muerte de un manifestante durante una protesta debido a un ataque cardíaco (Abel Acuña); un caso de una persona que supuestamente se habría suicidado en una comisaría (César Mallea); y 4 casos relacionados con personas que murieron en el contexto de incendios provocados y saqueos.
Según los informes del Ministerio Publico, en los 15 casos restantes en los que la ACNUDH no tuvo la oportunidad de verificar directamente la información, 8 personas murieron como resultado de incendios en el contexto de saqueos, 2 por haber sido atropellados por automóviles, 3 recibieron heridas de bala -supuestamente no de agentes de seguridad- y 2 casos de personas que presuntamente se habrían suicidado.
Muertes a manos de agentes del Estado
De acuerdo al informe de la ONU, el 20 de octubre, Romario Veloz Cortés (26 años), ciudadano ecuatoriano, murió en La Serena a raíz de disparos con munición letal por parte de personal militar. Y según la información que recopilaron, (incluidas las imágenes de video), la víctima caminaba con un grupo de manifestantes cerca de un centro comercial donde se produjeron saqueos, cuando el personal del Ejército habría comenzado a disparar contra la multitud. Sufrió heridas de bala en el cuello y fue llevado al hospital, donde murió poco después. Otras dos personas también resultaron gravemente heridas como resultado de municiones letales disparadas por personal militar contra los participantes en esa manifestación, razón por la que formalizó a un militar por esos cargos.
En tanto, señalan que Kevin Gómez Morgado (24 años) fue baleado con munición letal por militares el 20 de octubre, en Coquimbo, después del toque de queda. Estaba caminando en el centro de la ciudad cuando un miembro del Ejército le habría disparado desde muy cerca. Murió como resultado de las heridas de bala (en la espalda), en particular en los pulmones. Según el ACNUDH, el personal militar ha declarado que le dispararon debido a sospechas de que estaba involucrado en el saqueo de tiendas, ya que llevaba un objeto. Por ello, un miembro del Ejército ha sido acusado de homicidio y puesto en prisión preventiva.
Por su parte, también describen el caso de Manuel Rebolledo Navarrete (23 años), quien fue atropellado por un camión de la Armada de Chile el 21 de octubre. El camión patrullaba cerca de una pesquera en Talcahuano después del toque de queda, la víctima recibió heridas de bala en la pierna y luego fue atropellado por el camión. Murió de inmediato debido a heridas en la cabeza. El presunto autor (un oficial de la Armada) sólo recibió medidas cautelares y fue formalizado por cuasidelito de homicidio.
En cuarto lugar, Alexis Andrés Núñez Sandoval (39 años) murió el 22 de octubre como consecuencia de un trauma craneal relacionado con palizas y malos tratos por parte de Carabineros en Maipú. La víctima habría participado en una manifestación en Maipú el 21 de octubre, después del toque de queda, cuando testigos vieron cómo 3 carabineros lo golpearon en las piernas, en la cabeza y en el tórax, tanto con patadas como con una luma. Información médica apuntó que también tenía lesiones provenientes de disparos de perdigones, además de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado y fractura de cráneo.
Otras muertes en protestas
El 20 de octubre, un convoy militar pasaba por la Ruta 5 cerca de Curicó (donde no había estado de emergencia ni toque de queda) y se encontró con una barricada y un grupo de manifestantes. José Miguel Uribe (25 años) caminaba con amigos cerca de ese lugar cuando recibió un disparo y murió poco después a causa de las heridas de bala en el área de su pecho.
Inicialmente se formalizó a un militar por homicidio. El 10 de diciembre, Fiscalía reformalizó la investigación contra el militar porque las pericias balísticas determinaron que la bala que causó la muerte a la víctima no correspondía al calibre del arma del militar involucrado. El militar fue exculpado del cargo de homicidio y fue sindicado por el delito de disparo injustificado, ya que el militar reconoció haber disparado una bala de salva y una munición de guerra en contra de José Miguel Uribe.
Por su parte, la ONU detalló que César Mallea (47 años) murió el 24 de octubre en la 56ª Comisaría de Peñaflor. Fue detenido después del toque de queda, ya que supuestamente conducía bajo la influencia del alcohol. Llamó a los miembros de su familia para informarles que estaba en la comisaría y que estaba bien. Sin embargo, al día siguiente se le informó a su familia que él se había suicidado ahorcándose.
La familia denunció varias irregularidades en el caso, incluida la veracidad de la alcoholemia practicada, el lugar de defunción señalado en el certificado médico, la falta de acceso inicial al cuerpo, la falta de registro por parte de la policía de los eventos y la presencia de moretones en su cuerpo. El caso está siendo investigado por la Fiscalía como suicidio. “En casos de muerte bajo custodia del Estado, existe una presunción de responsabilidad del Estado”, advierte el informe.
En tanto, Abel Acuña (30 años) murió de un paro cardíaco mientras participaba en una protesta en Plaza Italia el 15 de noviembre. El personal de salud acusó que los equipos de socorristas enfrentaron dificultades para llegar al lugar donde se encontraba, debido al ataque del carro lanzaaguas, gases lacrimógenos y disparos de Carabineros.
El 17 de noviembre, el general director de Carabineros, Mario Rozas, declaró que Carabineros operaba en “una situación adversa”, incluida la presencia de 1.000 personas y la falta de visibilidad debido a la falta de alumbrado público.
Asimismo, también constató lo ocurrido el 20 de octubre, cuando fueron hallados los cuerpos carbonizados de cinco personas en un almacén en Renca que había sido saqueado y luego incendiado el día anterior. Los familiares de cuatro de los fallecidos expresaron inquietudes sobre las modalidades en las que el Servicio Médico Legal realizó los exámenes, en particular sobre los retrasos para intervenir en la escena y la necesidad de investigar las heridas en uno de los cuerpos. El 3 de noviembre, el Servicio Médico Legal declaró que está preparado para llevar a cabo los peritajes requeridos por la Fiscalía.
En tanto, también se refirió a la alta cantidad de personas lesionadas, incluyendo lesiones oculares por el uso de perdigones y otros dispositivos, por las cuales expresó particular preocupación. “El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las armas ‘menos letales’ se han utilizado de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de lesiones”, señalaron.