Un fuerte debate respecto a qué se entiende por desorden público cruzó la discusión del proyecto de ley antisaqueos, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia.

Las ideas matrices de la iniciativa fueron aprobadas por la Sala del Senado con 33 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, durante una sesión extraordinaria realizada durante la noche del miércoles.

Lo anterior, luego que el proyecto sorteara su primer trámite en la Cámara de Diputados con un respaldo de 127 votos, siete en contra y 13 abstenciones.

En detalle, la propuesta establece que quien, valiéndose de una manifestación o reunión pública, “tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a cinco años”.

Para continuar su trámite, habrá plazo hasta el 6 de diciembre para que los legisladores y el Ejecutivo presenten indicaciones, de manera que la Comisión de Seguridad Pública vuelva a analizar el texto, ahora en particular.

La incorporación de una indicación que busca sancionar tomas de predios agrícolas sería una de las piedras de tope, lo que fue considerado como una forma de criminalizar la causa mapuche. Misma situación ocurriría con las movilizaciones pacíficas dado que, cuando se detenga el tránsito vehicular, por ejemplo, se considerará desorden público y el peso de la ley caerá sobre esos ciudadanos.

De acuerdo a parlamentarios de oposición, las tomas o paralizaciones en general serían condenadas por sí mismas sin discriminar aquellas que tienen un carácter social como las de vivienda o sindicales.

“El Gobierno quería aprobación inmediata, pero en el Senado le dijimos que no, porque tiene graves errores. Sanciona hechos que no son delito, pone igual pena a conductas muy distintas y normas del saqueo con baja sanción. Aprobamos idea de legislar para hacerle cambios”, subrayó el senador Felipe Harboe (PPD), presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

En esa línea, algunos calificaron el texto como populismo penal puesto que el término “antisaqueo” no correspondería al nombre del proyecto, dado que no se hace referencia al término saquear o robar, sino otras conductas.

En contraposición, congresistas oficialistas aseguraron que “el fin no justifica los medios”, por lo que mencionaron la pertinencia de discriminar entre quienes se manifiestan y aquellos que se escudan en los primeros para hacer vandalismo.

Desde un punto de vista legal también se cuestionó la redacción de la norma, en cuanto a la dificultad que habrá a la hora de probar el delito de desorden público y la desproporción de las penas que se generaría. Por esa razón, se espera que estos aspectos sean corregidos en la redacción de las indicaciones.

Infraestructura crítica

Mientras tanto, durante la jornada la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general y particular la reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, anunció que le pondrán urgencia a la discusión en la Cámara Alta y que además habrá que legislar respecto de lo que se definirá como infraestructura crítica. El secretario de Estado añadió que al Gobierno le interesa modernizar la legislación y se espera que los plazos sean breves.

El senador Francisco Huenchumilla, quien integra la Comisión de Constitución que aprobó la iniciativa para ser discutida en la Cámara Alta, dijo que -según lo que se presentó en la instancia- la única misión de las Fuerzas Armadas será vigilar de forma estática la infraestructura crítica.

Recordemos que por tratarse de una modificación constitucional se requiere de 2/3 de votos favorables en el Senado para que el proyecto siga avanzando en su trámite legislativo.