Este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados la ley “antisaqueos”, iniciativa que define un listado de siete situaciones que serán consideradas como desorden público para efectos de la Ley.

Por lo anterior, varios parlamentarios del Frente Amplio fueron cuestionados por su voto a favor, por lo que salieron a aclarar su postura ante las críticas.

Por ejemplo, fue Gabriel Boric (CS), quien a través de su Twitter señaló que “aprobamos en general pq rechazamos los saqueos y sabemos daño que han causado a trabajadores/as (sic)”.

Asimismo, aseguró que “la izquierda no debe temer respaldar la protesta social, enfrentar a quienes intenten criminalizarla y a la vez enfrentar a quienes se aprovechan de ella para su beneficio individual (sic)”.

Finalmente, explicó que “en votación particular rechazamos articulo que penaliza barricadas (que se aprobó con votos transversales). Las barricadas en el contexto de la lucha social nos parecen legítimas expresiones de resistencia, y aunque para algunos sea impopular defenderlo, lo haremos (sic)”.

Por su parte, el diputado Diego Ibañez (CS) explicó en su fanpage de Facebook que rechazaron “absolutamente todos los numerales que criminalizan, pero aprobamos la Idea de Legislar declarativamente mayor sanción a quien valiéndose de una manifestación haga un saqueo”.

Asimismo, votaron a favor de penalizar “cuando se daña a Bomberos, o a quienes violentamente impiden el derecho a manifestación (ambos aplicable a civiles y Carabineros). Independiente de eso, la mayoría mandó el proyecto al senado casi íntegro, esperando modificaciones, para que vuelva a Cámara de Diputados”.

Finalmente, explicó que cometen “errores y nos hacemos responsables. La bancada no dimensionó los efectos de la votación y nos hacemos totalmente responsables, lo asumimos”.

Fue Claudia Mix (Comunes) quien señaló que rechazaron “los puntos relacionados con la penalización de la barricada, la paralización de servicios públicos u tomarse espacios privados”.

Además, señaló que “el gobierno está jugando a criminalizar la protesta y no cumple su tarea de hacerse cargo de quienes cometen delitos”.

Mientras tanto, Gael Yeomans (CS), aseguró que tenían que hacerse cargo “de los saqueos y enfrentar a bandas delictuales q les acomoda el modelo d competencia y desigualdad infundiendo miedo. Rechazamos la criminalización d la manifestación (sic)”.

La iniciativa, que fue impulsada por el Gobierno, fue aprobada con 127 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa establece que, el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años.

Para efectos de esta sanción, se entenderá por desorden público las siguientes situaciones:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.

2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

7. Realiza un agregado en el apartado del Código Penal relativo al robo con fuerza. En este marco se establece que se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo (desde tres años y un día a 5 años) cuando el autor de las conductas señaladas sean realizadas actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, y tuviesen lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.

No es la ley “antiencapuchados”

Los diputados también salieron a aclarar que esta ley no tiene nada que ver con la ley “antiencapuchados”, iniciativa que fue ingresada al Senado, siendo su cámara revisora la de diputados, instancia por la que aún no pasa el proyecto.

Fue Giorgio Jackson (RD) quien aclaró que “el mal llamado proyecto “antiencapuchados” está en el senado y no ha pasado por la cámara. (…) Por lo tanto, nada de balines o golpes por taparse el rostro se votó hoy”, sostuvo.

La aclaración también la hizo Gael Yeomans, quien desmintió que se haya aprobado “la ley antiencapuchados. Es de una irresponsabilidad muy grande difundir noticias falsas. Un mínimo de seriedad. Tengan la certeza que desde @la_convergencia no aprobaremos ese proyecto ni tampoco otros que criminalicen la movilización (sic)”.

También Boric salió a desmentir, señalando que “hay que aclarar que no se ha votado ley anti-encapuchados como irresponsablemente ha afirmado diputada Jiles (está en el Senado). Ese proyecto lo rechazaremos cn convicción pq es una pésima legislación (sic)”.