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El ministro de Defensa, Alberto Espina, respondió a las críticas de algunos sectores contra la exención de responsabilidad penal contemplada en el proyecto con que se busca que las Fuerzas Armadas defiendan la infraestructura crítica del país, sin necesidad de decretar un Estado de Excepción Constitucional.
En concreto, la iniciativa legal plantea que “se define la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional”.
El proyecto fue duramente criticado por asociaciones sociales, activistas y defensoras de los derechos humanos, junto a expertos independientes de varias áreas, quienes mediante una carta acusaron que el proyecto pretende instalar “un estado de excepción constitucional velado” representando “un atentado contra la democracia”.
Asimismo, cuestionaron que “el proyecto plantea circunscribir la exención de responsabilidad a estándar de actuación regulados en cuerpos administrativos, de manera innecesaria, ya que nuestro ordenamiento jurídico ya contempla esas situaciones en cuerpos legales y son los jueces de fondo llamados a pronunciarse sobre ellas”.
En tanto, calificaron el inciso como “inconstitucional” y afirmaron que “vulnera disposiciones directamente de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“En cuanto a su inconstitucionalidad, ésta se configura a partir de la limitación de derechos fundamentales por medio de un acto administrativo, o sea, cuando el ejecutivo señala que por medio de decreto supremo establecerá los parámetros de legitimidad del empleo de la fuerza militar. Respecto a su inconvencionalidad, se infringen los artículos 1°, 8° y 25° de la CADH en la medida que se está obstaculizando el acceso a la justicia a eventuales víctimas de vulneraciones a derechos humanos por agentes del Estado al consagrar tamaña regla”, argumentaron.
Existe en todo el mundo
Al respecto, el secretario de Estado aseguró que “me han extrañado bastante las críticas que se han hecho sobre esa norma, porque dice exactamente lo que dice la ley actual”.
Por ejemplo, “cuando un militar, o un civil es objeto de un ataque o agresión ilegítima y usa un medio racional y proporcional para defenderse, tiene todo el derecho para consagrar la legítima defensa”, planteó el titular de Defensa, recalcando que esto “existe en todas partes del mundo”.
En cuanto al reglamento específico y detallado, adelantó, está siendo elaborado para que lo firme el presidente Piñera, debiendo luego pasar por Contraloría para finalmente publicarse en el Diario Oficial.
Éste contemplará los medios, grados, etapas, decisiones y el comportamiento que deberán tener las Fuerzas Armadas para certificar que están actuando bajo el amparo de la ley.
Controversias por violaciones a DDHH
Con motivo de la polémica, Espina aseguró que “las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia (…) tuvieron un comportamiento con estricto apego a la ley, adicionalmente lo hicieron con responsabilidad, con profesionalismo, y los casos en que hubo fallecidos, que son 3, que hubo heridos (…), todos ellos están siendo investigados por la justicia ordinaria y la defensa de los militares la ha asumido la Defensoría Penal Pública”.
“Frente a una situación de esa gravedad yo creo que las Fuerzas Armadas actuaron con total responsabilidad”, defendió, asegurando que éstas “cuentan con el más completo y absoluto respaldo del Gobierno y, por supuesto, del Presidente de la República”.
Además, reiteró sus cuestionamientos al reporte de Amnistía Internacional, sosteniendo que el organismo investigador de violaciones a los Derechos Humanos “acusa a las Fuerzas Armadas de Chile de haber, en forma premeditada, intencional, salido a la calle a matar chilenos, a matar compatriotas, sin entregar ningún dato, ninguna prueba, ningún antecedente”.
“Eso es imputarles un delito”, cuestionó, afirmando que esto “es totalmente contrario a lo que las Fuerzas Armadas hacen, porque las Fuerzas Armadas en estos momentos están salvando vidas de chilenos en los cerros, en los incendios que se están produciendo”.
“Que una institución privada haga una imputación calumniosa como esa es inaceptable, porque ofende gratuitamente a los 88.000 hombres y mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Chile”, criticó, no adelantando si se tomarán medidas contra el organismo internacional.
La discusión en el Congreso
La oposición también ha planteado sus dudas en torno a este proyecto, principalmente en el punto que se refiere a la exención de la responsabilidad penal.
El senador del Partido por la Democracia e integrante de la comisión de Constitución -instancia que deberá revisar el proyecto-, Felipe Harboe, afirmó que este decreto establece mayores restricciones al uso de la fuerza.
Opinión distinta a la del senador del Partido Socialista y también miembro de la comisión de Constitución, Alfonso de Urresti, quien aseguró que con la iniciativa se disminuye el estándar del uso de la fuerza.
El proyecto será discutido la próxima semana en el Senado.
