Este martes se liberó el informe de Human Rights Watch (HRW), ONG que mantiene su sede central en Nueva York, Estados Unidos, y que observaron los hechos ocurridos en Chile durante el estallido social mediante una misión de observación.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurasamente investigadas y sancionadas”.

El personero además indicó que existieron una serie de factores que facilitaron que se produjeran “graves violaciones a los derechos humanos de muchos chilenos”.

Entre ellos, la autoridad destaca “el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a dispocición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes”.

Por lo anterior, Vivanco explica que “las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.

En su misión, Human Rights Watch, además de entrevistar a civiles, también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como también a médicos, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil.

En la misma línea, también se comunicaron con autoridades, incluidos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

El informe señala que recabaron pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no.

Además, indican que Carabineros también “golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas ‘bean bag’ (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales”.

Asimismo, indicaron que una de las denuncias más frecuentes fue que “Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudo en comisarías”.

“Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones”, indican.

Sobre lo mismo, explican que los funcionarios policiales “parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch”.

Una abogada chilena le relató al equipo de HRW de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, “carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres”.

Asimismo, la profesional menciono “otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa”.

La organización señala que los abusos y las graves lesiones sufridas durante el periodo de detención “ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes”.

Recomendaciones

– Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso;
– Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros;
– Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos;
– Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados;
– Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica;
– Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo;
– Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos;
– Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones;
– Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras; y
– Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.

Además, el Ministerio Público y la Defensoría Pública deberían monitorear de cerca y regularmente el papel de Carabineros, por ejemplo, instruyéndoles a fiscales y defensores que inspeccionen periódicamente las comisarías y entrevisten a los detenidos.

Escopeta antidisturbios

Carabineros señalaron a Human Rights Watch que se les indica usar el arma a una distancia mínima de 30 metros y apuntar a la zona entre la rodilla y el tobillo, para evitar afectar áreas vitales de la parte superior del cuerpo.

Sin embargo, a más de 45 metros, disparan en línea recta para asegurase de que los perdigones alcancen a los manifestantes, según lo indicado por un capitán del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Como las escopetas antidisturbios no tienen mira, cada agente debe estimar la distancia de disparo “en circunstancias que, por lo general, son estresantes y caóticas”.

En el texto señalan que “las autoridades de Carabineros admiten que el uso de un arma con tan poca precisión conlleva un ‘alto riesgo’. ‘No es un arma para hacer puntería’, expresó el general Rozas”.

Por su parte, el general Jorge Ávila, jefe de las Fuerzas Especiales, explicó que “el que la usa no controla la trayectoria de los perdigones”.

Debido a los diversos factores que afectan la trayectoria de los perdigones, incluso cuando los carabineros disparan hacia las extremidades inferiores, “es casi imposible cerciorarse de que los perdigones no impacten en la parte superior del cuerpo, lo cual eleva el riesgo de lesiones graves o posiblemente letales”, señalan.

Sin embargo, los altos mandos de Carabineros “no parecen haber transmitido ese riesgo a los agentes rasos”.

Human Rights Watch entrevistó a tres carabineros que “minimizaron el daño que podían provocar los perdigones”. Un capitán expresó que es “muy difícil que un perdigón atraviese la ropa, incluso si (si se dispara) de muy cerca”, y un cabo señaló que era “imposible (que los perdigones causen) daño ocular grave”.

La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile publicó un informe el 18 de noviembre tras una investigación que concluyó que los perdigones estaban compuestos en un 80% por sílice, sulfato de bario y plomo, y un 20 % de caucho. En una escala de rigidez, tienen el mismo grado de dureza que la rueda de un carro de supermercado.

Otro estudio realizado por peritos médicos del Hospital Carlos Van Buren llegó a conclusiones similares tras analizar perdigones extraídos de pacientes.

Debido a la falta de precisión propia de estas armas, “su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que han causado, su uso debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias, hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan”, sotuvo Human Rights Watch.

Lacrimógenas

Según constató la organización, los funcionarios de Carabineros necesitan un entrenamiento especial y una certificación anual para usar el arma antidisturbios de 37mm que lanza cartuchos de gas lacrimógeno.

Un capitán de GOPE señaló que que deben disparar hacia el cielo para que la trayectoria del proyectil tenga un arco descendiente y caiga en el suelo detrás de la multitud.

Sin embargo, “hubo señalamientos creíbles de que carabineros han disparado cartuchos de gases lacrimógenos directamente hacia los manifestantes, lo cual puede ser letal”.