Parlamentarios opositores hicieron una propuesta formal al Gobierno, para un aumento del sueldo mínimo a $430 mil. De esta forma, se busca que el monto supere la línea de la pobreza.

En medio de la discusión del Proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado propuesto dentro de la Agenda social del Gobierno, diputados de oposición pertenecientes a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social entregaron la propuesta al ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward.

A diferencia del proyecto ingresado por el Gobierno, esta propuesta hace una distinción entre las empresas dependiendo de su tamaño, para establecer las que necesitan un subsidio de las pueden pagar por sí mismas el aumento.

El proyecto del Ejecutivo busca llegar a los 350 mil pesos brutos, entregando una subvención estatal a las empresas, independiente de su tamaño.

“Se le facilita a las grandes empresas cubrir los costos de esta medida -pudiendo hacerlo sin el subsidio-, con impuestos costeados por todas las personas”, señala la propuesta opositora.

En ese sentido, el proyecto busca que el sueldo mínimo alcance los $435.536 líquidos (bruto: $550.336) para todos los trabajadores, superando la línea de la pobreza calculada para una familia de cuatro integrantes.

“No se trata entonces de una cifra antojadiza ni de lograr un ‘gran aumento’, se trata de comprender que los estándares bajo los cuales diseñamos las políticas públicas deben ser distintos y que, ahí, superar la línea de la pobreza es el mínimo ético”, indican.

“La movilización ha puesto distintas urgencias sociales encima de la mesa y el sueldo mínimo no puede quedar fuera. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo le entrega a grandes empresas una subvención estatal, pese a que ellas podrían y deberían entregar remuneraciones dignas a todos sus trabajadores y trabajadoras”, explicó la diputada Maite Orsini (RD).

Esta propuesta contempla un subsidio estatal solo para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos perfecta claridad que la propuesta que aquí hacemos es de un alto costo fiscal, sin embargo, tenemos la convicción de que es el camino correcto por el que Chile debe transitar hacia una sociedad más justa”, añadieron en la propuesta.

“Nos ponemos, por ello, a disposición para buscar todas las fórmulas de financiamiento que hagan viable lo aquí suscrito”, sentenciaron.