El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, flanqueado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, rechazó el lapidario informe de Amnistía Internacional que cuestionó duramente el actuar del Gobierno y de las fuerzas armadas y de orden.

Negó la versión del organismo internacional, que aseguró haber solicitado información al Gobierno, afirmando el ministro que “desde que asumí, al menos yo no he recibido ninguna solicitud ni petición de reunión para poder responder las dudas e inquietudes que pueda tener Amnistía Internacional.

“Si ellos tienen el interés, por supuesto, cuando quieran nos reunimos y les entregamos toda la información necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias, tiene imputaciones que son absolutamente equívocas, y por lo mismo la disposición tanto mía como de todas las autoridades de gobierno es dar todas las facilidades a todas las instituciones de derechos humanos”, afirmó el secretario de Estado.

Agregó que “yo estoy seguro de que cuando conozcan los antecedentes van a ver que lo que hemos hecho como Gobierno es ser absolutamente proactivos en que se respeten las leyes, las normas que en nuestro país cautelan los derechos fundamentales de nuestros compatriotas”.

Entre las deficiencias mencionadas, mencionó la de “imputar que hay una suerte de actuación concertada para dañar a la población, todo lo contrario, desde el primer día hemos dicho que hay manifestaciones que son pacíficas, que son legítimas, y que son necesarias en democracia”.

“La ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse y plantearle a quienes dirigen y conducen el país y a todos los actores inquietudes como las que se han planteado las últimas semanas, por de pronto mejorar la salud, los sueldos, las pensiones, y hemos venido trabajando en esa dirección”, sostuvo, defendiendo que la salida a la crisis pasa por hacer “buena política, con diálogo y con acuerdos, abandonando los maximalismos y comprometiéndonos profundamente por la paz social”.

Fortalecer la institucionalidad de DDHH

Después de Blumel, el ministro Larraín explicó que, en el comité interministerial de derechos humanos se resolvió “robustecer la institucionalidad en materia de DDHH”.

“Como hemos visto en este último mes, las convulsiones sociales han generado distintos tipos de situaciones. Dentro de ellas, esta búsqueda de cautelar y asegurar el orden público, y también de dar paz social, se han producido situaciones en donde a pesar de la voluntad del gobierno y de las propias instituciones policiales de respetar siempre en esas acciones los derechos y libertades de las personas, se han producido atropellos, vulneraciones, delitos, en fin, que obviamente constituyen acciones ilícitas, que deben ser investigadas y sancionadas como corresponde”, contextualizó el secretario de Estado.

Ante ello, aseguró, “el Gobierno no está disponible para que esas materias queden en la impunidad”.

“Toda vez que haya una acción, dos acciones, las que sean, que signifiquen que a pretexto de cautelar el orden público se vulnere el derecho de una persona merece la investigación correspondiente (…) y las sanciones que correspondan”, sostuvo.

Agregó que, “a diferencia de otros tiempos, no solamente funcionan los tribunales de forma independiente, existe un Ministerio Público, una Defensoría Penal Pública, un Instituto de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo (…) existe una Defensoría de la Niñez, y como si todo lo anterior fuera poco, nos hemos preocupado como Gobierno de invitar instituciones internacionales para que en forma autónoma puedan también ser testigos de esta situación y del compromiso nuestro que hay en materia de derechos humanos”.

“Si este compromiso, por alguna razón, en alguna circunstancia particular, no se cumple para que nos lo hagan presente, para que se tomen las medidas para corregir y sancionar a todo aquel que cometa una vulneración en materia de derechos humanos”, afirmó Larraín. “Así todo, todavía advertimos que tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad en DDHH, la creación de la Subsecretaría fue un paso muy importante, una iniciativa que patrocinó el presidente Piñera en su primera administración y esa subsecretaría va acompañada de este comité interministerial”.

Sin embargo, indicó que se ha cuestionado que este comité tiene posibilidades limitadas a formular políticas, impulsar planes nacionales de derechos humanos, promover coordinaciones apara el enfoque de DDHH en la acción de la administración pública, pero “no tiene posibilidades de ir más allá”.

Por ello, indicó, han acordado crear un comité técnico asesor para este comité interministerial, “que va a poder dedicarse a trabajar y a hacer proposiciones ya más concretas en distintos ámbitos”, con participación de integrantes de los distintos ministerios y de organismos nacionales e internacionales.

Este comité asesor podrá fijar estándares para todas aquellas personas que están bajo la custodia del Estado, colaborar con los organismos que en las instituciones castrenses y policías que tengan divisiones sobre DDHH para “generar un diálogo y fortalecer la cultura de DDHH en esas instituciones”, y trabajar con las personas detenidas en cualquier calidad por cualquier órgano del Estado.

Noche de violencia

En la instancia, el ministro Blumel reportó que durante la noche de este jueves y la madrugada de este viernes se reportaron 700 detenidos a nivel nacional.

Asimismo, 130 personas resultaron lesionadas, cerca de 20 de los cuales serían civiles y cerca de 100 carabineros.

Todo esto, tras una nueva jornada de enfrentamientos y saqueos, registrándose 80 eventos graves en distintas regiones, incluyendo ataques a infraestructura pública, privada, una veintena de comisarías, y al comercio.

“Hemos ido avanzando, pero no todo lo suficiente, ni todo lo que se requiere ni lo que las personas, los ciudadanos, necesitan”, expresó Blumel, calificando la jornada anterior como un “retroceso respecto de los avances”.

Por ello, hizo un llamado a recuperar el orden público, pidiendo a todos los sectores hacer una “alianza por la paz”. Esta, sostuvo, “es la misión más importante que hemos tenido como país”, cuestionando que “hemos instalado un falso dilema, que tenemos que elegir entre orden público, paz social, y derechos humanos”.

“Carabineros cuenta con todo el respaldo del gobierno para cumplir su función, y yo le quiero agradecer el esfuerzo que han estado haciendo que ha sido muy sacrificado, ha sido muy difícil, han enfrentado episodios de violencia muy complejo, y por supuesto ese apoyo siempre dentro del marco de la ley, sostuvo.

Aseguró que “no habrá impunidad” tanto contra “delitos gravísimos contra el orden público, como casos de denuncias, atropellos que están siendo investigados por la Fiscalía”.

Blumel fue también consultado por la frase del jefe de la Zona Metropolitana Este de Carabineros, general Enrique Bassaletti, quien al explicar el uso de las escopetas antimotines afirmó que “cuando el tratamiento del cáncer se hace con quimioterapia, en algunos casos, y otros con radioterapia; cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas”.

Ante esto, el secretario de Estado respondió que “no es una frase afortunada, pero para cada situación que se produzca al interior de Carabineros existen mecanismos institucionales para resolverlos”.