“La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas”, con esta frase criticó Amnistía Internacional la gestión del mandatario en materia de protección a los derechos humanos tras iniciarse el “estallido social” en el país.
En su informe, presentado este jueves, se cuestiona el actuar de las fuerzas militares y de orden, las armas y municiones ocupadas, discrepando con la defensa que ha hecho el Gobierno del actuar de los agentes del Estado durante las manifestaciones y los hechos derivados de éstas.
Al respecto, la investigadora Pilar San Martín expuso que “el estándar internacional es muy claro respecto de cómo se deben controlar las manifestaciones. La fuerza por parte del Estado debe ser usada unicamente si es necesario porque el deber del estado es garantizar que la manifestación cívica tenga lugar, y en todo caso que sea ejercida de forma proporcional”.
Según explicó, en sus indagatorias reconocieron algunos ejemplos de los casos más graves y evidencia “de un patrón generalizado”.
En números
Hasta el momento, detalla el reporte, “Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre”.
“Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones”, indicaron.
Citando cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el informe indica que “al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo”.
A esto, San Martín instó a imaginar “si 1.400 han sido las personas lesionadas por armas de fuego, cuánta munición se ha disparado durante estos días”.
“Además, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves”, detalla el reporte.
En su reporte, el organismo citó y detalló varios casos emblemáticos de denuncias por personas asesinadas, heridas y torturadas. En específico, indican que se ha utilizado armamento militar para controlar las manifestaciones y, “a veces, ha sido utilizado de forma indiscriminada”. En este sentido, documentaron cinco muertes por agentes del Estado (4 a manos de militares y uno de Carabineros), dos de las cuales fueron con armamento militar.
Todos estos hechos, instó Amnistía Internacional a que los casos sean dilucidados por una autoridad judicial “independiente e imparcial”.
Armas que transgreden el estándar internacional
Una de las principales decisiones que Amnistía Internacional cuestionó tanto a las policías como a las Fuerzas Armadas fue el uso de armas de fuego, tanto con munición letal como no letal. “De acuerdo a los estándares internacionales, este tipo de armamento no debería usarse en contexto de protesta”, indica el reporte, agregando que “se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal”.
Según explicó San Martín sobre las armas de fuego, por su carácter letal o potencialmente letal sólo pueden ser usadas (1) de forma excepcional, (2) como respuesta a una agresión de similares proporciones que ponga en peligro la vida.
“Creo que esto es importante, lo remarcamos, porque el Gobierno se ha empeñado en defender que causar daños a bienes materiales justifica que seas lesionado, que seas torturado, o que seas matado. El estándar internacional no sólo niega eso, sino que además en todos los casos que la organización ha documentado, que hemos documentado, ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o matada”, cuestionó la investigadora.
En este sentido, indicó, “cuando se usa la fuerza, siempre se debe intentar reducir el daño al mínimo. Es decir, si se usan armas de fuego, éstas no pueden ser usadas indiscriminadamente y deben ser disparadas apuntando a las partes menos lesivas del cuerpo, de tal manera que se minimicen los daños”.
Escopetas y lacrimógenas
“Amnistía Internacional ha registrado el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta”, indica el reporte, mencionando una muerte por perdigones, 14 heridos, 7 con lesiones oculares irreparables, y corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo mediante videos.
“Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, cuestiona el informe.
Asimismo, “se ha corroborado el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado. Su lanzamiento al cuerpo de las personas a corta distancia y a través de lanzagranadas como los Penn Arms L137-3, ha generado lesiones severas, entre ellas oculares”.
Además, constataron el uso de granadas de humo “que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones”, incluso contra personal médico y de rescate en el ejercicio de sus funciones.
En esta misma dirección, el organismo cuestionó que “en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios”, conociendo incluso “casos de personas golpeadas o lesionadas con disparos de perdigones mientras prestaban primero auxilios, así como activistas y defensores amenazados por realizar su trabajo”.
Denuncias por torturas y ensañamiento
Hasta el momento, Amnistía Internacional ha constatado una muerte por maltrato policial tras una “salvaje golpiza” y tres casos de tortura, una de carácter sexual.
A esto se suman 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de fuerzas de seguridad.
Asimismo, se constató una práctica frecuente en que tanto carabineros como soldados intentan atropellar manifestantes en Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, además de un atropello fatal registrado en Talcahuano por parte de un militar.
Junto con esto, se reportaron casos de ensañamiento contra civiles “de forma injustificada y sin razón aparente” de igual manera “contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción”.
“No son hechos aislados”
Tras sus investigaciones, Amnistía Internacional concluyó que “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”.
Ana Piquer, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, lamentó que “las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años. Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”.