Medio en broma, medio en serio, en los círculos de abogados los llaman desde hace unos días los cuatro Jinetes del Apocalipsis. Correcta o no la analogía bíblica, lo cierto es que La Moneda los convocó a una reunión reservada hace un par de semanas. En vez de caballos y espadas, portaban el Código Penal y un prestigio ganado con los años en el foro.

Jorge Boffil, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú fueron escogidos por el presidente Sebastián Piñera para apoyar al Gobierno -como querellante- en los casos más complejos que ha dejado el estallido social que, entre muchos otros, destacan los atentados a las estaciones del Metro de Santiago.

Se trata de abogados que se desempeñan en el ejercicio privado y pertenecen al círculo de diamante de los penalistas nacionales. Sus honorarios son inaccesibles para el común de los chilenos y sus apellidos aparecen en casos como Penta, la extradición de Alberto Fujimori, las boletas de Soquimich, Cascadas y todos aquellos que desde al menos veinte años completan los titulares.

(El abogado Samuel Donoso)

Sin embargo -y atendida la situación política- optaron por trabajar bajo la figura del “pro bono”, expresión latina que significa “por el bien público”. En otras palabras, gratis.

Su presencia se nota en las acciones legales que han presentado en los tribunales de garantía en los últimos días, porque firman los cuatro. “Es un símbolo”, dice uno de ellos. Y es que la estrategia de La Moneda es que durante la tramitación de las indagatorias que lleva la fiscalía haya profesionales de peso.

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Entre los cuatro, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile lleva la delantera con Donoso y Zaliasnik. Le sigue Bofill y Sanfeliú, que estudiaron en la Universidad Católica de Valparaíso (UCV) y Diego Portales (UDP), respectivamente. Todos, además, son académicos y con piochas obtenidas en el extranjero.

Todos pasan los 50. Todos han sido mencionados en los premios que se pronuncian en inglés, para destacar su trabajo en Chile: Partners and Chambers, Best lawyers -entre muchos otros- que suman caracteres en las páginas de El Mercurio Legal de tanto en cuanto, donde todo el club se mira y reconoce.

(El abogado Gabriel Zaliasnik)

De los cuatro, sin embargo, hay uno que trabajó en el Ministerio Público como fiscal. Ese es Sanfeliú, quien junto a otros tres colegas formó el bufete GFSU, después de su paso por Carey y Compañía. Sanfeliú puede jactarse en otro idioma, ya que fue elegido con el Global Awards Winner 2019, como “White Collar Crime Lawyer of the Year in Chile”. (Lea el perfil)

Cuitas

Las anécdotas, las buenas y las no tanto, cruzan el desempeño profesional de los escuderos de La Moneda. Para muestra un botón. En 1999, cuando se desarrollaba la competencia para elegir a la primera cabeza del Ministerio Público, Jorge Bofill postuló. Méritos tenía de sobra. No solo los académicos, sino también haber participado desde el principio en lo que sería conocido como la Reforma Procesal Penal. Junto a él, entre otros, entregaron sus antecedentes al Poder Judicial el actual presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Bofill, sin embargo, olvidó agregar un documento que exigía la formalidad y quedó fuera. La entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, llegó a decir que si no era incluido en la quina, quedaría “una sombra de duda” sobre el actuar del máximo tribunal. De nada sirvió. Meses más tarde, Guillermo Piedrabuena, se quedó con el cargo, elegido por el entonces presidente Eduardo Frei y confirmado por el Senado.

(El abogado Jorge Bofill)

Zaliasnik es cercano a la UDI y uno de sus colegas lo recuerda entrando a la Corte de Santiago hablando por bluetooth, cuando apenas el aparato era conocido en la primera década del Siglo XXI. Defendió al expresidente Alberto Fujimori, cuando Perú pidió su extradición en 2005 y fungió como el vocero de la comunidad judía en el país. Eso sin contar su trabajo en el caso Cascadas, entre muchos otros. Sus alumnos Millennials en la cátedra de Derecho Penal de la Casa de Bello lo quieren, porque una parte de las clases las dicta a través de Instagram.

Samuel Donoso era militante del PPD, partido al que renunció en 2015, asumiendo el patrocinio del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, quien autorizaba el pago de boletas ideológicamente falsas para financiar a toda la clase política. Dicen quienes le conocen que no fue una decisión fácil, ya que integró la tienda desde 1987.

Sus colegas reconocen su seriedad y bajo perfil. Quizás por estas características es que a contar de ayer se convirtió en el abogado patrocinante del presidente Sebastián Piñera, en la investigación que sustancia el Ministerio Público de Valparaíso, a raíz de una querella por delitos de lesa humanidad que presentó un grupo de abogados de DDHH.

En el foro hay varios que se quejan -en sordina- porque no fueron convocados al igual que Bofill, Donoso, Zaliasnik y Sanfeliú para integrar este grupo selecto. A esos, hoy se les llama los viudos de palacio.