Los sitios de memoria en Chile son símbolos de reparación con las víctimas de la dictadura cívico militar. Aún así, estos lugares todavía mantienen detractores, incluso dentro de la política nacional.

En julio pasado el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) recibió una solicitud de 10 senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) pidiendo que se excluyeran al Retén de Carabineros Neltume y al Campamento 8-3 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro de un decreto de declaratoria de sitios de memoria. Ello atendido que los espacios fueron ocupados por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La respuesta del CMN fue categórica y rechazó la petición de los parlamentarios oficialistas. La decisión fue notificada a los senadores el pasado 26 de septiembre. Como un elemento más en esta historia, el día que se decidió la fecha de entrega de la determinación, paradójicamente, ocurrió el pasado 11 de septiembre.

En once carillas, el organismo explicó que la solicitud que declaró monumentos históricos a los lugares mencionados se apegaba a los criterios sobre derechos humanos.

En la solicitud de los congresistas UDI -fechada el 22 de julio- se indicaba que la determinación revindicaba “el legado y lucha armada de los distintos grupos revolucionarios y anti sistémicos de la época”.

Reunión

El CMN citó a una sesión extraordinaria acaecida el pasado 7 de agosto, instancia en la que se analizó tanto la solicitud como las opiniones de distintos concurrentes que, en calidad de ciudadanos, se manifestaron ante la entidad abordando la polémica que desató la UDI. Finalmente, el CMN acordó por mayoría rechazar el criterio invocado de los senadores.

Uno de los razonamientos usados por el Consejo es que “de acuerdo al artículo 9 de la Ley 17.288, la protección legal de un bien como Monumento Nacional (MN) corresponde a un proceso técnico de recopilación y estudio de antecedentes que justifican su calidad e interés histórico, que ameritan su resguardo y preservación (…) para que el testimonio histórico que representa pueda ser conocido por las futuras generaciones”.

El órgano detalló que para decidir una denominación de este tipo existen una serie de requisitos que deben cumplir los sitios de memoria, asegurando que los espacios cuestionados cuentan con esas aprobaciones. Estos últimos, se encuentran establecidos en el Documento de Trabajo sobre Patrimonio de los Derechos Humanos, aprobado el 12 de diciembre de 2018.

Externos

Uno de los elementos que el CMN tomó en consideración para resolver fueron opiniones de personas que manifestaron su sentir ante la entidad. Uno de ellos fue Sergio Grez, profesor titular en Historia de la Universidad de Chile, que envió una carta dirigida a la ministra de Cultura Consuelo Valdés.

En ella, Grez señala que “estos bienes son la expresión material de una larga historia asociada al desarrollo económico nacional (especialmente de la silvicultura y las actividades industriales asociadas a ella), la formación y desarrollo de la clase trabajadora, sus proyectos y luchas en aras de una sociedad mejor. Igualmente, son testimonio tangible de las brutales violaciones de Derechos Humanos cometidas en dicha zona a partir del golpe de Estado de 1973 que costaron la vida a decenas de personas”.

“Revocar esta declaratoria significaría violar los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Chile en materia de memoria, respeto y promoción de los Derechos Humanos, además de hacer caso omiso a lo establecido de manera clara e irrefutable en los informes Rettig y Valech sobre lo acaecido en esa zona a partir de 1973 y las consiguientes políticas de reparación, indicó.

Agregó que “la revocación exigida por los sectores más apegados a la defensa del legado de la dictadura pinochetista, implicaría desconocer el valioso trabajo realizado por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y por el Consejo de Monumentos Nacionales, además de la pretensión de echar un manto de olvido sobre dolorosos acontecimientos de nuestra historia que deben ser conocidos por las generaciones actuales y futuras”, explicó el historiador.

Consultado por Radio Bío Bío, Grez explicó que apoyó la decisión del CMN porque “estimo que se trata de un patrimonio histórico relacionado con la memoria de la sociedad chilena de gran valor. No solamente referido a los luctuosos sucesos ocurridos en 1973, sino también a lo largo de toda su historia”.

“La acción de estos senadores de extrema derecha no era sino una manifestación de negacionismo histórico disfrazado con argumentos falaces”, agregó.

Grez indicó también que “esta es una victoria importante de las fuerzas democráticas, de quienes trabajamos precisamente en historia y en memoria, puesto que constituye una base para poder seguir avanzando en (…) la recuperación de nuestra historia, de la justicia, de la verdad plena y de la reparación”, concluyó Sergio Grez.