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Luego de que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentara su defensa a la Acusación Constitucional que enfrenta en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior y vicepresidente del país mientras Sebastián Piñera se encuentra en el extranjero, Andrés Chadwick, respaldó a la secretaria de Estado instando a los parlamentarios a “reflexionar”.
“Creo que distintas voces del mundo jurídico muy autorizadas y de distintos sectores han sido muy explícitos en afirmar que la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos carece de todo fundamento legal. Eso es lo principal y en lo que la Cámara de Diputados debe reflexionar”, sostuvo tras ser consultado al respecto, luego de participar en el Simposio de Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), efectuado en Santiago.
En este sentido, argumentó que “la acusación constitucional debe enfundarse en causales jurídicas objetivas establecidas en la Constitución, y no es para hacer evaluaciones de carácter político”.
“Es hora de que escuchemos la defensa jurídica, con las opiniones jurídicas, y que la Cámara de Diputados haga su trabajo y pueda reflexionar sobre este punto tan importante y esencial para el funcionamiento de nuestras instituciones”, concluyó Chadwick.
“Hoy es el momento de contestar”
Pasada las 23:00 horas del lunes, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, hizo entrega por escrito de la defensa a la acusación constitucional en su contra, quedando pendiente aún si es que comparece o no ante la comisión revisora del libelo para complementar sus descargos.
La respuesta de la titular de la cartera parte alegando la cuestión previa de admisibilidad a fin de que se tenga la “acusación por no presentada para todos los efectos legales, atendido que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución”.
De este modo, la secretaria de Estado señaló que este fue su momento para entregar los argumentos jurídicos que desacreditan, a su juicio, la acusación constitucional. “Hoy es el momento de contestar jurídicamente a la acusación”, subrayó la ministra de Educación.
En concreto, sólo para el evento que la cuestión previa no fuera acogida, Cubillos también respondió en el escrito a los cinco capítulos de la acusación, en lo que -entre otras cosas- critica que el líbelo acusatorio cite “parcialmente decisiones de órganos públicos”.
En particular, respecto al Capítulo Segundo, el cual señala que la ministra habría incurrido en una infracción por el envío de correos a apoderados sobre “Admisión Justa”, reclama que la infracción alegada “ha sido expresamente descartada por los órganos competentes para pronunciarse al respecto: la CGR y el Consejo Para la Transparencia”.
Un líbelo de 5 partes
La acusación constitucional consta de 5 capítulos, donde alude a supuestas infracciones cometidas por la secretaria de Estado a la Constitución, además de faltas a la ejecución de leyes, principalmente, aquellas que componen la reforma educacional aprobada en el gobierno anterior.
Asimismo, apunta a una eventual vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad, respecto de la información que entregó la secretaria de Estado sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en medio de la campaña comunicacional del Gobierno por el proyecto de Admisión Justa.
Además, se plantea que la ministra Cubillos no ejerció el control jerárquico para la buena implementación de la Ley de Nueva Educación Pública y falta de ejecución presupuestaria, en la puesta en marcha de las leyes de Educación Superior y Universidades del Estado.
No obstante, la oposición debe asegurar los 78 votos para aprobar el libelo y pasar al Senado. En ese sentido, los votos del Partido Radical y la DC resultarán clave para que la oposición prospere con la acusación en contra de la ministra, debido a las dudas que han planteado parlamentarios de ambas colectividades sobre su pertinencia.
En caso de que la acusación supere todas las etapas en el Congreso, Cubillos se convertirá en la tercera persona a cargo del Ministerio de Educación en ser destituida de su cargo mediante este mecanismo en los últimos 12 años, tras lo ocurrido con Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2013.
