En julio, el presidente Sebastián Piñera anunció que el Alzhéimer y los cáncer de pulmón, tiroides, riñón y mieloma comenzarían a estar cubiertos por el Plan AUGE.

Desde entonces se temía de un aumento en los costos de la prima Garantías Explícitas de Salud (GES) en el sector privado.

Así quedó ratificado el sábado cuando se publicó el Decreto GES que confirmó el ingreso de estas enfermedades.

Con ello, las isapres dieron a conocer los reajustes de la prima GES para el periodo 2019-2022.

En promedio subirán un 50,4%, el más alto desde 2010. La mayor alza la registrará Nueva MasVida, con un 76,7%, seguida de Banmédica y Colmena Golden Cross.

Alza desmedida a juicio del superintendente de Salud subrogante, Patricio Fernández, quien confirmó que oficiaron a las aseguradoras privadas con el fin de exigirles que argumenten dicho incremento.

No obstante, las facultades de la Superintendencia de Salud en la materia terminan ahí: ya que solo puede pedirle a las isapres que justifiquen sus ajustes.

Por eso, Fernández adelantó que iniciarán una “fuerte fiscalización” al deber de cumplimiento porque una de cada cuatro personas hace uso del GES.

Las cinco nuevas patologías con cobertura del sistema y un aumento de 10% anual en las prestaciones justificarían este alza a juicio de la Asociación de Isapres, cuyo gerente general, Gonzalo Simon, sostuvo que es necesario asumir los incrementos de costos.

Ante este panorama, el expresidente del Colegio Médico, Enrique París, manifestó la necesidad de acelerar el trámite legislativo del proyecto que reforma a las isapres.

En diálogo con el Expreso Bío Bío, el médico calificó como “preocupante” este ajuste de las isapres.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis (PPD), le pidió a la Superintendencia respectiva que establezca una especie de defensoría a favor de los usuarios.

“Estoy molesto. Es un alza que no se justifica”, señaló el ministro de Salud, Jaime Mañalich, al diario La Tercera, que esta tarde también reveló la judicialización -ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- del caso de una joven ariqueña que terminó en acciones contra el Estado por falta de fiscalización a las isapres.

En 2010, la isapre MasVida dejó de colaborar en la atención domiciliaria de la niña, quien padece una enfermedad neurológica progresiva.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la que elevó el caso a instancias judiciales, apuntando a la responsabilidad del Estado en la protección de los Derechos Humanos vulnerados.