El Ministerio de Justicia ingresó el Decreto Supremo del Plan Nacional de Derechos Humanos a la Contraloría General de la República para su respectiva toma de razón. El plan abarca 608 medidas y 42 instituciones del Estado.
Una primera propuesta había sido presentada por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet con 26 iniciativas adicionales a las que consideraron las actuales autoridades.
A su vez, en el nuevo texto no se considera un compromiso por promover el matrimonio igualitario, lo que fue cuestionado por agrupaciones que defienden los derechos civiles.
En diciembre del año pasado, el presidente Piñera ordenó retirar dicho texto para realizar ajustes. Así, por ejemplo, se fusionó la promoción, investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad.
Además, el Gobierno sólo se comprometió a “monitorear” el proceso legislativo del proyecto de matrimonio igualitario. Anteriormente estaba el compromiso de “impulsarlo”, como había quedado establecido por la administración pasada.
Ante el cambio, el ministro de Justicia Hernán Larraín explicó que dentro del programa de Gobierno no está la idea de promover la iniciativa. Sin embargo, sostuvo que se respeta el plan y por eso se continúa trabajando en su monitoreo.
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En respuesta a la gestión, distintas agrupaciones defensoras de los derechos de las comunidades LGBTI cuestionaron la medida y acusaron al Gobierno de incumplir acuerdos alcanzados en instancias internacionales.
Lo anterior, en relación al Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó en 2016 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario.
El presidente ejecutivo de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, adelantó que pedirán un requerimiento a la Contraloría por esta modificación en el Plan de Derechos Humanos, dado que se está dejando de lado un compromiso internacional.
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El ASA se firmó a cambio de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) no perseverara en una demanda contra el Estado porque en Chile no se puede acceder al matrimonio igualitario.
Dado a este ajuste del Gobierno, el vocero de esa agrupación Rolando Jiménez, señaló que volverán a demandar al Estado por el incumplimiento del acuerdo.
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En contraparte y según el ministro de Justicia, el único compromiso era el envío de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, el que fue presentado por el Gobierno de la ex presidenta Bachelet. Por dicha razón, el acuerdo estaría cumplido según las actuales autoridades.