A raíz del catastro que dio a conocer la cantidad de campamentos a nivel país y reveló un aumento del 22% desde el último registro de 2011, diversos actores criticaron el rol del Gobierno ante el acceso a la vivienda y alto costo de los arriendos, principal razón a la que atribuirían las mencionadas condiciones de vida.

El informe realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), evidenció que se pasó de 27.387 viviendas registradas en el último conteo a 47.050 en 2019. La cifra significó un alza en un 71% hogares bajo estas condiciones, respecto a la medición anterior.

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, detalló que el Ejecutivo trabajaría en flexibilizar los subsidios de vivienda transitoria. Lo anterior sería para cubrir, por ejemplo, a familias que requieran del beneficio en caso de que quieran cambiarse de región.

En contraparte, el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló que el Gobierno privilegia a las inmobiliarias en el uso del suelo, fomentando el arriendo.

Barraza criticó que las condiciones actuales no permiten a las familias tener acceso a precios razonables en esta materia. “Los salarios no crecen en la dimensión que crece el precio de la vivienda”, aseguró.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Vivienda, Felipe Arteaga, sostuvo que el Estado debe tomar un rol más activo y diversificar las políticas de vivienda pública, como alternativa al mercado inmobiliario que se podría ofrecer a las familias que lo requieran.

El estudio dio cuenta de que casi 112 mil personas viven en estos asentamientos, de ellos un 27% son extranjeros, concentrados principalmente en la región de Antofagasta, donde representan el 63% del total regional.

Ante los datos relacionados a la migración, el director social de Techo-Chile, Vicente Stiepovich, aclaró que el conflicto social detrás de los campamentos no responde a este hecho, sino que a un fenómeno de exclusión a las personas vulnerables.

“No confundamos el hecho de que una de cada cuatro familias que viven en los campamentos son migrantes. Hay tres familias chilenas que hoy día viven ahí”, argumentó.

En concreto, según el Gobierno, se considera un campamento si tiene carencia de al menos uno o los tres servicios básicos, posesión irregular de un terreno y agrupación de al menos ocho viviendas.