El martes, el Juzgado de Policía Local de Pucón resolvió que el presidente Sebastián Piñera deberá pagar una multa de $4.930.003 (100 UTM) al municipio local por haber infringido la Ley General de Urbanismo por su casa en Caburgua, región de La Araucanía.

Tras ello, la Democracia Cristiana (DC) salió a pedir que el Mandatario cancele todas las contribuciones que Piñera adeuda desde hace 30 años por el mismo inmueble y “no alegue judicialmente para pagar solo las de los últimos tres años”, dijo el diputado y jefe de bancada, Gabriel Ascencio, quien denunció el hecho junto con la Dirección de Obras municipal.

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“Me parece muy bien lo de la multa. Yo entiendo que esta es la primera vez que a un Presidente de la República se le sanciona de esta manera por lo tanto me siento contento como jefe de bancada de los diputados DC de que nuestra fiscalización contribuya a que se cumpla la ley”, añadió.

“Ley pareja no es dura y esperamos que el Presidente entregue una explicación a la gente, que no quede mudo, que explique por qué está siendo sancionado por los tribunales y por qué no cumplió con la Ley. Eso no es tan difícil de hacer”, disparó el legislador.

A su parecer, el que Piñera pida que solo se le cobren los últimos tres años “sería algo impresentable para quien ejerce el cargo de Presidente”, puesto que daría un mal ejemplo a la ciudadanía.

“La Ley establece que se debe cobrar la totalidad de las contribuciones no pagadas adecuadamente y el deudor, en este caso Piñera, debe alegar para que sólo le cobren los últimos 3 años”, aseguró Ascencio.

Pese a ello, Ascencio dijo que el Gobernante debería desembolsar el monto completo.

“Así como cobramos las contribuciones a los adultos mayores y a tanta gente de clase media y así como cobramos impuestos a las Pymes, el Presidente de la República debería pagar sin chistar todas las contribuciones adeudadas por décadas que ha usado la vivienda y había evitado de manera engañosa pagar las contribuciones”, finalizó.

En su fallo, el juzgado estableció el pago de una multa a beneficio municipal tras acreditar que la construcción no tenía permiso.

No obstante, desestimó la solicitud de demolición ya que se declaró incompetente para dirimir al respecto.