Este martes fue publicado en el Diario Oficial el decreto 265 de 2019, que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el combate contra el narcotráfico en la frontera norte del país, documento que la Contraloría visó con alcances el 6 de agosto.

“Autorízase la colaboración de la Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al
narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la Ley les otorguen, en zonas fronterizas del territorio nacional”, reza el primer artículo de la medida.

“El ministro del Interior y Seguridad Pública evaluará la forma en que las policías emplean la colaboración mencionada y se coordinará con el ministro de Defensa Nacional para la eficacia de la misma”, añade el mismo apartado.

A modo de materializar la colaboración, el segundo artículo del escrito estipula que debe delegarse en el titular de Defensa “la facultad de suscribir, por orden del Presidente de la República, los decretos supremos que ordenen la organización y distribución de unidades de las Fuerzas Armadas que tengan por objeto el despliegue de unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico en zonas fronterizas del territorio nacional”.

“Asimismo, el ministro de Defensa Nacional podrá nombrar los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades que se asignen en virtud de lo dispuesto en este artículo. Se entiende por “control operacional” la facultad delegada a un comandante para planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas, de manera que pueda desempeñar misiones o actividades específicas, limitadas por función, tiempo y lugar”, añade el decreto.

La medida, que contará con una vigencia de un año a partir de su publicación en el Diario Oficial, estableció que las FFAA no podrán actuar de manera autónoma y que, en todo momento, estarán “sometidas a la autoridad civil encargada de esta materia”.

“Dicha colaboración deberá desarrollarse en armonía con las funciones asesoras que en esta materia le competen al Consejo Asesor de Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, presidido por el subsecretario del Interior, dictaminó la Contraloría.