Pasado el mediodía de este martes comenzó la audiencia en la que el Ministerio Público formalizó una investigación por financiamiento irregular de la política en contra de dos exdirectivos de la gremial de Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos y de Premio Programado (Fiden).

En el denominado Caso Tragamonedas, el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, informó sobre el inicio formal de la indagatoria en contra de Alberto Hadad e Isaac Latorre, por supuestas infracciones a la Ley Electoral.

Por decisión del magistrado del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Isaac Latorre quedó con la medida cautelar de firma mensual durante los 90 días que se dispusieron para llevar a cabo la investigación. Por su parte y a pesar de que la Fiscalía lo solicitó, el tribunal no decretó cautelares para Hadad.

En conversación con Radio Bío Bío, el fiscal a cargo detalló que los delitos formalizados son dos: “Aporte de persona jurídica a una campaña electoral (Latorre) y el segundo delito es, respecto del administrador electoral de una campaña, (Hadad) el haber omitido ciertos antecedentes que son relacionados con ingreso y gastos de la campaña, puesto que no pasaron por la cuenta del Servel”.

Formalización “desordenada” y “mañosa”.

Como “desordenada” y “mañosa” calificó el abogado de Alberto Hadad, Mario Vargas, la formalización del Ministerio Público. Su representado está siendo investigado por los financiamientos irregulares de la campaña de su padre -Nelson Hadad- que en 2017 buscaba convertirse en diputado por el distrito 11 de Las Condes.

“La mitad o más de la mitad de los antecedentes que entregó (el fiscal) son aportes o transferencias que él mismo (Hadad padre) se hacía desde sus cuentas privadas o transferencia que tiene con familiares, hermanos, padres”, indicó.

“Me parece que ha sido una audiencia desordenada y no existe ningún antecedente más por el cual veníamos que era un aporte de 500 mil pesos y que efectivamente no se depositó en la cuenta del BancoEstado”, argumentó.

En esa línea, añadió que, a su juicio, “ha habido una actuación mañosa de parte del Ministerio Público al entregar cifras, números… tratando de agrandar los aportes que no son tales (…) no quedamos con claridad de qué es lo que querían imputar”.

El jurista descartó que se haya configurado el delito de financiamiento ilegal de la política, asegurando que se trata de dineros que eran del propio candidato.

Quien no conversó con la prensa luego de la audiencia fue el abogado de Isaac Latorre, tampoco lo hizo el imputado quien, para evitar el diálogo con los periodistas, bajó corriendo por las escaleras desde el noveno piso del Centro de Justicia de Santiago.