La reforma al Código de Aguas volvió al debate, tras el inserto firmado por los principales gremios empresariales del país, donde indicaron que la modificación que actualmente se tramita en el Senado afectará el derecho a la propiedad y la certeza jurídica.

El documento publicado el domingo pasado en 18 diarios nacionales, fue firmado por la Confederación de la Producción y Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, la Sonami y la Asociación de Bancos.

En entrevista con Emol, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, compartió los cuestionamientos y señaló que “hay que reformar el Código pero sin precarizar el derecho de aprovechamiento del agua”.

Los senadores de la bancada socialista, Carlos Montes e Isabel Allende, refutaron el inserto y por medio de un comunicado señalaron que los “gremios empresariales nuevamente, intentan decretar qué es bueno para la ciudadanía y qué no”.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi, aseguró que las críticas del empresariado son “presiones indebidas”.

A través de un comunicado, el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y Protección del Medioambiente, señaló que el inserto “responde a sus intereses y negocios privados, porque de terminar con la privatización del agua, no van a poder seguir girando a cuenta del agua como garantía”.

La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, aseguró que la reforma es fundamental para terminar con la crisis de agua en zonas rurales y las cuencas del país.

De aprobarse la modificación al Código de Aguas, el 90% de las aguas superficiales del país ha sido concedido a empresas privadas, mientras que el 10% restante será otorgado en forma de concesión de forma temporal y renovable a 30 años.