La Corte Suprema dio un plazo de 24 horas al Tribunal Constitucional para que informe el eventual fallo que suspende la investigación contra el ex comandante en jefe del Ejército, el general retirado Humberto Oviedo.
Senadores de oposición cuestionaron al TC acusándolo de intentar bloquear la indagatoria de la ministra Romy Rutherford por el uso de gastos reservados en el Ejército.
La defensa del exalto uniformado, en los alegatos del jueves, expuso como antecedente para intentar acreditar el presunto actuar ilegal de la ministra Rutherford, la decisión de la primera sala del TC que confirmó que toda la causa se encuentra suspendida respecto de Oviedo desde el 9 de enero.
Lo anterior contradice la tesis de la magistrada que había paralizado sólo el cuaderno arista conocida como “Agencias de Turismo”, por lo cual siguió investigando al general por el mal uso de gastos reservados.
Sin embargo, hasta ahora, la decisión de la sala del Tribunal Constitucional no ha sido firmada por los integrantes de la sala, es decir, el fallo aún no existe y no puede ser certificado por la Corte Marcial.
Por lo anterior, la sala penal de la Corte Suprema, que dejó pendientes otros dos recursos de amparo a favor de Oviedo, dio un plazo de 24 horas al TC para conocer su eventual fallo.
Corte Marcial rechazó recurso
En paralelo, la Corte Marcial rechazó el último recurso de amparo presentado por el ex alto uniformado, quien seguirá detenido y procesado por malversación de caudales públicos.
Y es que la Corte Marcial ya resolvió el amparo a favor del general retirado, que permanece desde el 25 de junio detenido en el batallón de policía militar de Peñalolén, y que desde el sábado recién pasado enfrenta un procesamiento como presunto autor de malversación de caudales públicos por poco más de 4 mil 500 millones de pesos.
Si bien el fallo del tribunal castrense se conocerá este viernes a las 13:00 horas, fuentes consultadas por Radio Bío Bío indicaron que está rechazado, con lo cual Oviedo seguirá detenido.
En los alegatos ante la Corte Marcial, la integrante del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvith, denunció que la única intención de la defensa de Oviedo es paralizar la indagatoria hasta que la jueza Rutherford deje el caso en marzo próximo.
“No tiene ninguna lógica el que se esté pidiendo la suspensión respecto de cualquier investigación a su respecto, en circunstancias que tiene perfecto conocimiento de lo todo lo que está ocurriendo”, cuestionó.
“En mi opinión, no veo otro objetivo que el de paralizar la causa, paralizar toda la causa en su respecto, y que la ministra no pueda investigarlo desde ninguna perspectiva”, acusó.
El abogado defensor del general, Gonzalo Rodríguez, respondió que su deber es velar por los derechos constitucionales de su cliente.
“El único objetivo nuestro es que se respeten las garantías constitucionales de mi representado”, argumentó.
“He dicho en estrado y lo vuelvo a repetir, todas las últimas diligencias que se han decretado en contra de él son en abierta infracción de garantías constitucionales y a juicio nuestro, se han decretado diligencias y sometido a proceso a una persona en una causa que se encuentra suspendida en su tramitación por el Tribunal Constitucional”, sostuvo.
Parlamentarios criticaron al TC
El senador socialista y vicepresidente de la Cámara Alta, Alfonso de Urresti, calificó como un abuso la decisión del Tribunal Constitucional. Asimismo, llamó al presidente Sebastián Piñera a intervenir y anunció una sesión especial en el Senado para tratar la situación.
“Se han convertido en un tribunal de la impunidad y de la protección para delincuentes que se han amparado en el Ejército para saquear los gastos reservados. Realmente inadmisible”, criticó.
“Aquí le exigimos al Gobierno las máximas sanciones para este tipo de situaciones. Esto es una vergüenza que no solo afecta al propio Tribunal Constitucional, sino que también al Gobierno”, añadió.
Si bien no se refirió al fallo del TC, el ministro de defensa Alberto Espina reconoció que la confianza de la ciudadanía sobre el Ejército está deteriorada y descartó irregularidades en la rendición de cuentas de los gastos reservados del actual comandante en jefe, el general Ricardo Martínez.
“Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía confíe en las Fuerzas Armadas, y particularmente en el Ejército. Y esa confianza, lo lamentamos, se ve deteriorada cuando existen procesamientos en contra de ex comandantes en jefe. La justicia será la que dirá la última palabra”, estimó.
Para resolver, el Tribunal Constitucional tuvo a la vista el informe de la ministra Rutherford que estaba encriptado. Sin embargo, diario La Tercera tuvo acceso al escrito en el que la jueza reveló que el Ejército no le entregó los antecedentes por los viajes de los ex comandantes en jefes, desde Juan Emilio Cheyre a la fecha.