El suspendido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, recurrió al Tribunal Constitucional a través de un requerimiento de inaplicabilidad para evitar las sanciones impuestas en su contra por el pleno de la Corte Suprema. El magistrado argumenta que la decisión es inconstitucional.
La acción legal llega después de que el máximo tribunal del país resolviera de forma unánime esta semana sancionarlo por 4 meses con goce de medio sueldo, y abrir un cuaderno de remoción en su contra. En los casos de Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, hubo supremos -una minoría- que estuvo por aplicar sólo la suspensión con medio goce de sueldo.
En el documento de 31 páginas ingresado ayer, el magistrado cuestionó ante el TC la legalidad de la suspensión de cuatro meses, argumentando que el alto tribunal carece de las atribuciones para dictar el auto acordado o acta por el que se determinó este tipo de sanción económica, la que calificó de arbitraria y que vulnera el derecho de igualdad ante la ley.
Además recurrió, como antecedente, a la Convención Americana de Derechos Humanos ante un eventual proceso judicial discriminatorio.
En lo procesal, Elgueta en su requerimiento ante el Tribunal Constitucional denunció que la investigación disciplinaria en su contra, instruida por la ministra Rosa María Maggi, es extemporánea, pues se habría realizado fuera de plazo.
Respecto al proceso, el suspendido ministro cuestionó una de las pruebas principales en su contra: las grabaciones telefónicas con el doctor Luís Arenas -mientras éste enfrentaba un juicio como autor de tráfico de estupefacientes-, calificándola como evidencia ilícita.
Según las fuentes consultadas, la segunda sala del Tribunal Constitucional resolverá si acoge este requerimiento a trámite el próximo martes.
El fallo del tribunal máximo del país se encuentra en redacción y afecta además a los ministros de esa misma Corte, Marcelo Vásquez y al recientemente fallecido Marcelo Albornoz.
Los cargos contra Elgueta son haber intervenido en un recurso de protección; comunicaciones vía telefónica con abogados litigantes, haber solicitado al suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, la contratación de dos personas; exigir la designación de una exalumna a una secretaría de un tribunal; y haber requerido y aceptado una suma de dinero.