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La Corte Suprema abrió un proceso de expulsión y amplió la suspensión de sus funciones a los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, investigados por faltas a la probidad. Desde el Gobierno calificaron como “correcta” la señal del Poder Judicial.
El vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas, informó que por “amplia mayoría” el pleno del tribunal máximo del país aprobó las sanciones de abrir un cuaderno de remoción y suspender de sus funciones, por cuatro meses y con medio goce de sueldo, a tres jueces investigados por faltas a la probidad.
Se trata de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, quienes fueron investigados por la ministra sumariante, Rosa María Maggi, cuya indagatoria concluyó con la propuesta de estas medidas disciplinarias.
El ministro Cisternas precisó que la resolución estará redactada en diez días más y ahí se conocerá el detalle de la votación de cada integrante del pleno de la Corte Suprema.
Asimismo, reconoció además que las faltas a la probidad son graves y requieren las máximas sanciones.
“Si se aplica la máxima sanción y se ordena abrir un cuaderno de remoción, es porque se estima que las faltas son graves y afectan a la probidad”, señaló.
Desde el Gobierno, la ministra Cecilia Pérez, consideró correcta la señal del Poder Judicial en el combate a la corrupción.
“Es una señal correcta, la corrupción no se puede tomar nuestra democracia. Y por lo tanto, más allá de que deben existir las investigaciones pertinentes, establecerse los responsables y con eso las sanciones adecuadas, la señal que hoy día entrega el Poder Judicial es correcta para decirle ‘no a la corrupción’ en nuestra democracia”, destacó la vocera de Gobierno.
La presidenta de la comisión investigadora por el Poder Judicial de Rancagua, la diputada Alejandra Sepúlveda, calificó de “espectacular” la señal de la Corte Suprema.
“Yo creo que es una tremenda noticia para el país, una tremenda noticia para decir ‘no más corrupción’ en ninguna parte y menos en el Poder Judicial, pero al mismo tiempo es una señal que se está dando al interior del Poder Judicial y una señal espectacular para el país”, valoró.
Según las fuentes consultadas, en el caso del ministro Elgueta, las sanciones fueron adoptadas en forma unánime.
Los cargos contra este juez son haber intervenido en un recurso de protección; comunicaciones vía telefónica con abogados litigantes, haber solicitado al suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, la contratación de dos personas; exigir la designación de una exalumna a una secretaría de un tribunal; y haber requerido y aceptado una suma de dinero.
Las mismas fuentes indicaron que en los casos de Vásquez y Albornoz, hubo supremos -una minoría- que estuvo por aplicar sólo la suspensión con medio goce de sueldo.
A Vásquez se le inculpa de dictar la resolución en que se contrató a su hija; dar consejo a una persona con cautelar de arresto domiciliario; y conformar la integración de una sala que no correspondía con el sorteo, precisamente para el sobreseimiento de Sebastián Dávalos Bachelet en el Caso Caval. El cargo contra Albornoz apunta a solicitar dinero a un imputado.
El pleno, según informó el vocero de la Corte Suprema, confirmó el sobreseimiento al juez de garantía Gianni Libretti, que le hizo un préstamo de un millón de pesos al ministro Elgueta, y al secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán González, que aparecía como presunto encubridor de estos hechos.
Una vez que se conozca la sentencia, redactada y firmada por los supremos, los sancionados podrán presentar un recurso de reposición.
