En fallo unánime, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Caja de Ahorros de Empleados Públicos.
Con lo anterior, la caja pretendía neutralizar la demanda judicial de disolución en su contra interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a través de la cancelación de la personalidad jurídica.
En su fallo, el TC también estableció que las objeciones del requerimiento parecen “un reproche abstracto de la preceptiva contenida en los artículos 557 y 559 del Código Civil, tendiente a sustraer de la competencia del Ministerio de Justicia la facultad de requerir al Consejo de Defensa del Estado para que demande la cancelación de la personalidad jurídica y, de éste, la atribución de accionar en ese sentido”.
La demanda se originó como consecuencia de los incumplimientos detectados en la caja en base a instrucciones emanadas por la misma cartera de Justicia desde 2010.
Aquello, por ejemplo, tiene relación con las altas remuneraciones que percibían sus empleados, actuar que quedó plasmado en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y que confirmado por la Corte Suprema.
Ambos tribunales señalaron que los principios que crearon la caja se desvirtuaron, los que en su origen velaron por dotar con ahorros previsionales a los funcionarios civiles del Estado.
No obstante, según indicó en la audiencia de alegatos ante el TC el abogado consejero del CDE, Rodrigo Quintana, la caja se transformó “en una entidad que otorga créditos y obtiene intereses que lucran o que benefician a sus sociedades relacionadas, pero que no se traducen en un mejoramiento de los ahorros de sus imponentes”.
A juicio del jurista, esta “desnaturalización” tuvo su “manifestación extrema en el entonces director Sergio Gordon Cañas, quien percibía una remuneración mensual de 60 millones de pesos y, tras ser desvinculado en 2015, recibió una indemnización por años de servicio de 2.500 millones de pesos”.
Gordon, de hecho, fue el controlador de la caja hasta fines de 2018.
Tal actuar por parte del organismo, señaló Quintana, muestra “una grave distracción de fondos de los ahorrantes de la caja, un total incumplimiento de los estatutos y un lucro encubierto”, situación que redujo el fondo de indemnizaciones, pozo que pasó de 5.700 millones de pesos a poco más de 500 millones en la actualidad.
“El 42% de esos recursos fueron destinados a indemnizaciones canceladas a su exdirector”, acusó.
“Ello da cuenta de que no se está frente a una situación arbitraria que ocurrió de un día para otro, sino frente a una investigación de hechos graves que se han perpetuado en el tiempo”, espetó el defensor.
La caja se fundó en 1858 y hasta fines de 2018 administraba más de 180 mil millones de pesos en patrimonio.
Tras la apertura de una investigación, un síndico alertó de un déficit superior a los 7.228 millones, una cartera de “difícil cobro” por 12.300 millones y cuatiosos pagos a través de contratos a honorarios, entre otras irregularidades.