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Una nueva acusación de nepotismo sacude al Gobierno. Esta vez, salieron a la luz antecedentes sobre dos contratos por trato directo entre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la agencia Solar & Nielsen, co-fundada por la nuera del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Los dos contratos fueron firmados entre enero y mayo del 2019, por servicios de asesoría comunicacional que superan los $11,2 millones, reveló El Dínamo.
De acuerdo con el medio digital, la sociedad contratada es encabezada por las periodistas María Teresa Nielsen y Josefa Solar Larraín, siendo esta última la esposa de Andrés Chadwick Costa, hijo del ministro del Interior. Ambos se han visto ya envueltos en acusaciones de nepotismo durante el actual período de Sebastián Piñera.
Esto último fue por hechos ocurridos al principio de 2018, cuando Nielsen fue contratada a honorarios como asesora digital de la Presidencia, donde su esposo ejercía como productor general. Ambos vieron sus contratos terminados a raíz del escándalo.
La empresa en cuestión fue contratada por 3 meses, a partir del 21 de enero, con el objetivo de diseñar una estrategia comunicacional para la cartera en redes sociales, siendo recontratada el pasado 8 de mayo sin pasar nunca por licitaciones ni por el catálogo del Convenio Marco. En esta última instancia se exponen más de 50 proveedores del mismo servicio con más de 10 años de experiencia y más de 100 proyectos vendidos al Estado, mientras que Solar & Nielsen fue fundada en 2014 y sólo lleva 2 contrataciones a la fecha según El Dínamo.
Sin embargo, en la “invitación” a la empresa el ministerio argumentó que el tipo de servicios que requerían “no se encuentran en el catálogo de Convenio Marco”, y se defendió que el monto del contrato no supera los 1.000 UTM (cerca de $48 millones) contemplados en la ley como límite para poder acudir a empresas por contrato directo,
Además, acotaron en respuesta al Dínamo que la ley “permite optar por una contratación directa de manera fundada cuando se cumplen los presupuestos legales para ello”.
“Si la modalidad de contratación del Convenio Marco no satisface adecuadamente el requerimiento institucional, ya sea por el precio, los plazos o formas de entrega, apoyo estratégico permanente que permite resolver inquietudes y consultas y enfrentar situaciones complejas que puedan tener lugar en redes y plataformas sociales u otros aspectos, se puede recurrir a un trato directo como en el caso consultado”, defendió la cartera.
En el reportaje del medio digital, por contraparte, apuntan que la Ley de Compras Públicas exige que se explique en detalle por qué la asesoría contratada es considerada un “servicio especializado” que no se puede encontrar entre las alternativas ofertadas en el Convenio Marco.
Esta postura es secundada por el fiscal de Chilecompra, Ricardo Miranda, quien explicó que “lo primero que tiene que hacer todo organismo público es revisar los catálogos de Convenio Marco. Si el producto que quiere comprar se encuentra ahí, está obligado a comprarlo por esa vía. Las únicas que no están obligadas a hacerlo son las municipalidades”.
