El Gobierno busca reformar el sistema de nombramiento de jueces. Para ello, en concreto, barajan dos modelos y una medida que penaliza el lobby.

Actualmente, ya sea para primera o segunda instancia, el Presidente de turno recibe una terna elaborada por el Poder Judicial y designa al juez. Aquello cambiaría con esta modificación, para la cual se entregaron dos propuestas.

Según una minuta de 11 páginas emitida en abril por el Ministerio de Justicia, documento al que tuvo acceso La Tercera, la primera forma aboga por la creación de un consejo autónomo por orgánica constitucional.

En detalle, tendría cinco integrantes electos por el jefe de Estado, el Senado, Alta Dirección Pública (ADP), gremios de jueces y facultades de Derecho.

La segunda forma, en tanto, propone que tal consejo sea dependiente del Ejecutivo, presidido por el titular del Ministerio de Justicia y conformado por alguien de ADP y un representante de facultades de derecho de planteles del Consejo de Rectores.

En la primera propuesta, el consejo llama a concurso y elige las primeras 10 calificaciones. Tras ello, el tribunal respectivo nomina una terna de la cual el mismo consejo designa al juez.

En la segunda, por otro lado, la Corporación Administrativa del Poder Judicial llama a un concurso tras el cual propone una terna, lista de la cual el consejo elige al juez.

Lobby

Si el lobby fue uno de los puntos negros de la nominación de Dobra Lusic a la Corte Suprema, luego de diálogos con el notario suplente de San Miguel y operador político de la derecha en tribunales, John Campos, aquello no volvería a pasar.

Sea cual sea el modelo que se elija, la cartera tiene por objetivo eliminar a cualquier interesado que incurra en tales prácticas y sancionar a cualquier magistrado que autorice alguna reunión.

Sumado a lo anterior, la reforma también buscaría extender al Poder Judicial las disposiciones de la Ley Lobby.

Aquello significa que jueces tendrían por obligación transparentar sus agendas, viajes y regalos.

Pese a que esta modificación se originó en 2018, para la cual Sebastián Piñera pidió una nueva mesa de expertos, la crisis al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que tiene jueces investigados por prevaricación y tráfico de influencias, reavivó su discusión.