La Fiscalía Metropolitana Centro-Norte investiga una denuncia contra el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y sus asesores más cercanos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y prevaricación.
Se trata de las irregularidades registradas en el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que suman montos cercanos a los $1.500 millones y que habrían sido ocultadas para favorecer a una alta funcionaria del círculo de confianza de Bermúdez, según la acusación.
La denuncia la presentó el 26 de abril pasado la subcontralora Dorothy Pérez, bajo la norma que obliga a los funcionarios públicos a remitir a la justicia hechos sospechosos de delitos.
La fiscal Tania Sánchez es la encargada de investigar la acción judicial presentada “contra quienes resulten responsables de los delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y prevaricación”.
La persecutora es la misma que instruye otra denuncia de la subcontralora, remitida el 12 de diciembre del año pasado, por la violación de correos electrónicos en un sumario administrativo al interior de la institución.
Ahora Pérez reveló irregularidades con pruebas documentales aportadas por funcionarios de la Contraloría, respecto a que en el Informe Final de Auditoría N° 516 de 2017 se eliminó la orden de reintegrar $322 millones al Fisco, que habían sido mal pagados por concepto de “Asignación Especial” de remuneraciones en el Sernageomin en 2016, situación que favoreció a cerca de 330 funcionarios, entre ellos a la entonces jefa jurídica del organismo, la abogada Doris Roa.
La notificación al Sernageomin del informe final de la Contraloría, con la eliminación de la devolución de los dineros, fue el 12 de octubre de 2017. Cinco días después, Bermúdez contrató a Roa como fiscal de la Contraloría General de República, uno de los cargos importantes dentro de la institución.
Los involucrados
El jefe de la División Jurídica y brazo derecho de Bermúdez, Camilo Mirosevic, intervino el 26 de septiembre de 2017 instruyendo por escrito que, en vez de ordenar la devolución de los fondos, se ordenara que en adelante el Sernageomin haga bien los cálculos y pagos, pero sin la devolución.
Pese a lo anterior, el 4 de octubre de 2017 el Informe Final de Auditoría, incluyendo la orden de reintegrar esos dineros fiscales con el nombre de Doris Roa entre los involucrados, fue aprobado como correspondía por el equipo de auditores; por su supervisor; por la abogada del área de auditoría; por la jefa del área María Cristina Calderón; por el entonces contralor regional metropolitano, Víctor Henríquez; y por la Unidad Revisora de Informes del Gabinete.
El Informe Final estaba aprobado en los sistemas informáticos institucionales de la Contraloría y sólo restaba la notificación al Sernageomin.
Antes de su despacho, se ordenó que fuera enviado nuevamente a la Unidad Revisora del Gabinete del contralor Bermúdez, desde donde retornó con notas manuscritas, de cuyas copia se acompañó la denuncia de Dorothy Pérez. En ellas consta que se ordenó eliminar la orden de reintegrar los fondos al Fisco y también el nombre de Doris Roa.
Contraloría descarta irregularidades
Mediante un comunicado, Contraloría descartó la presencia de irregularidades en esta situación.
“La institución descarta cualquier tipo de irregularidades como el que se insinúa en el reportaje respecto de la elaboración de los pre-informes y el Informe final de auditoría número 516 de 2017 de Sernageomin”, se indicó en la misiva.
Además, se señaló que los funcionarios de la entidad brindarán todos los antecedentes que sean requeridos por la Fiscalía para aclarar esto.
“La Contraloría y todos sus funcionarios, aportarán, como es de costumbre, todos los antecedentes y brindarán toda la colaboración, que le sean requeridos por el Ministerio Público”, se puntualizó.
Reacciones
Para el senador de Evópoli, Felipe Kast, las presuntas irregularidades registradas en la Contraloría deben ser transparentadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Lo único bueno que tienen todos estos conflictos, es que al parecer muchas de estas cosas antes ocurrían y no sabíamos. Que bueno que hoy estemos transparentando muchas cosas y que se llegue hasta el final de la verdad”, señaló.
En tanto, el diputado DC Pablo Lorenzini llamó a tomar medidas urgentes frente a las crisis de las instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Esto ya en nuestro país no puede seguir. Aquí somos todos los afectados, desde el mundo político al mundo técnico; el tema judicial, ahora la Contraloría, o sea, hay que aclarar y quizás buscar una legislación nueva, que nos dé más transparencia, en términos de lo que se hace o que se diga”, fustigó.
El fraude el en Sernageomin por el mal pago de la remuneraciones llegó a los $322 millones en 2016, de los cuales 13 millones correspondían a Doris Roa.
Pero estas irregularidades se registraron cinco años antes, todo el plazo de prescripción, y por ende, si se estima $322 millones por cada año de pagos irregulares, arroja una pérdida para el Estado de más de $1.500 millones de pesos.