Los obispos, agrupados en la Conferencia Episcopal, defendieron el secreto de confesión y cuestionaron nuevamente el proyecto que podría obligar a religiosos denunciar casos de abuso sexual, incluso cuando estén bajo este sacramento.
El proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que se encuentra en la comisión de Constitución del Senado se ha convertido en protagonista de la Asamblea Plenaria de los obispos en Punta de Tralca, que empezó ayer y se extenderá hasta el viernes.
A la visión expresada el domingo por el administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós –que calificó esta interferencia del Estado como el “peor de los abusos” por “vulnerar la conciencia”–, se sumó el lunes la del secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, quien ya había manifestado su rechazo al proyecto de ley.
Ramos insistió en las críticas, enfatizando que el secreto de confesión es inviolable y que pueden terminar en la excomunión.
“Es un sacramento, es un acto sagrado mediante el cual una persona se reconcilia con Dios. El hecho de que en algunos estados se haya dado una legislación al respecto no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. El sigilo de la confesión es inviolable, y si un confesor llegase a violar este sigilo recibe automáticamente la pena de excomunión de la Iglesia”, aseguró Ramos.
El obispo de Melipilla, Cristián Contreras Villarroel, se cuadró con esa postura y resaltó que lo que pueden hacer los religiosos es recomendar acudir a la justicia.
“El sacerdote puede sin lugar a dudas decirle a esa persona: Mira, es bueno que tú te acerques a una comisión de la propia Iglesia, que la tenemos, y que te acerques también si hay un delito a la Fiscalía, a personas que puedan ver tu caso”, expresó Contreras.
El canonista y sacerdote Francisco Walker aseguró que es prácticamente imposible que las leyes canónicas se modifiquen en esa línea. A su juicio, los sacerdotes prefieren ir a la cárcel que violar el secreto de confesión.
“La legislación canónica en este punto es intransable, porque no es algo que esté bajo la disposición de la Iglesia, ni siquiera el papa. O sea, el secreto de confesión hace parte del sacramento de la confesión como Jesucristo lo instituyó. Un sacerdote preferiría ir a la cárcel antes que traspasar el secreto a la confesión”, aseveró Walker.
El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Helmut Kramer, reafirmó la importancia de que el proyecto se apruebe tal como está y cuestionó las críticas.
“No es una razón para no respetar las leyes de Chile y creer que la Iglesia Católica está por sobre la legislación del país. Si el papa debe hacer algún tipo de modificación a la ley canónica, eso es un problema de ellos”, dijo Kramer.
El diputado humanista Tomás Hirsch instó a los sacerdotes a cumplir funciones en el Vaticano si pondrán esas leyes por encima de las del Estado chileno.
“Estos señores tienen que entender que si viven en Chile y trabajan en Chile tienen que respetar las leyes chilenas (…) Me parece que ya se están pasando un poco de la raya”, cuestionó Hirsch.
El diputado Hirsch pidió a los senadores aprobar el proyecto tal como está y no ceder a las presiones de la Iglesia.
Denunciante de padre Poblete entrega su relato en reportaje
Anoche en un reportaje de Mega se conocieron crudos detalles del caso de abuso sexual denunciado por la teóloga Marcela Aranda, en contra del jesuita Renato Poblete.
Según Aranda, los abusos se extendieron por cerca de ocho años e incluyeron la obligación, bajo amenazas, de abortar en tres oportunidades.
“Él comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba”, fue parte de su relato.
La denunciante detalló, además, que su caso lo contó a través de un escrito, en varias oportunidades, al exprovincial de la Compañía de Jesús, Juan Ochagavía, quien no le dio ninguna respuesta.
Hace poco, la Compañía de Jesús anunció que investiga nuevas denuncias en contra de Poblete.