Once funcionarios judiciales y nueve abogados son investigados por el fiscal Sergio Moya por la presunta corrupción en los tribunales de Rancagua. El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, admitió un daño a la confianza del Poder Judicial.
De forma exclusiva, Radio Bío Bío accedió a los nombres de los 20 investigados en la trama de corrupción de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Rancagua, Sergio Moya, instruye una investigación -por ahora desformalizada- por los presuntos pagos que habrían recibido tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua a cambio de fallos favorables y nombramientos en notarías y cargos del Poder Judicial en la región de O’Higgins.
En un hecho inédito, en una audiencia en tribunales, el próximo 26 de abril, el persecutor comunicará los cargos por enriquecimiento ilícito y prevaricación para el titular de alzada de la región, el ministro Emilio Elgueta.
Al magistrado se le investiga por depósitos, cheques y transferencias por un total de 32 millones de pesos en sus cinco cuentas bancarias, las que habrían coincidido tras contactos con abogados de la plaza y nombramientos de notarios y funcionarios judiciales.
En la indagatoria del fiscal Moya se suman en calidad de imputados los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua: Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Además, el persecutor tiene en la mira al secretario del tribunal de alzada, Hernán González. También es investigado el juez de Garantía de Rancagua, Gianni Libreti.
Como presuntos cómplices aparecen los abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua que dictaron fallos sin oponerse a Elgueta y Vásquez. Se trata de Alvaro Barría Cható, nombrado Notario y Conservador de Litueche; Claudio Sepúlveda, actual abogado de la Intendencia de O’Higgins y José Briceño.
A ellos se les suman tres funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua que realizaban los depósitos al ministro Elgueta.
El fiscal Moya además investiga a los abogados que litigaron en la sala que integraba Elgueta y Vásquez y que tuvieron “alegatos de pasillo” con ambos antes de conseguir fallos favorables.
Se trata de Gabriel Henríquez, Rodrigo Guerrero Román, Claudio Valenzuela, Pablo Latorre, Alex Ruz, Juan Francisco Catalán, Luís Felipe León Pincheira, Víctor Beltrán, nombrado notario en San Vicente, y Muta Adams, esposa de Beltrán.
Mientras, el abogado defensor de Elgueta, Boris Paredes, conminó a los fiscales a dejar de litigar por la prensa.
“Ellos (fiscales) tienen el poder para destruir vidas a través de investigaciones, entonces muestren las cartas, insistan en una querella de capítulo, hagan lo que tienen de hacer y que se dejen de tramitar por la prensa”, criticó.
Precisamente, en conversación con Radio Bío Bío, el fiscal Sergio Moya confirmó que se presentará una eventual querella de capítulo. Asimismo, anunció nuevas formalizaciones.
“Desde ya podemos anticipar que hemos recopilado nuevos antecedentes y lo más probable que esta no sea la única audiencia de formalización y tal vez no sea el único imputado”, sostuvo.
Suprema reconoce daño al Poder Judicial
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, asumió que la crisis que afecta a la Corte de Apelaciones de Rancagua implicó un daño a la credibilidad y confianza del Poder Judicial.
El portavoz del máximo Tribunal reiteró que no se tomaron las lecciones adecuadas respecto a la amonestación que tuvo el juez Elgueta en 2010 por tráfico de influencias.
“De todas las crisis hay que tomar lecciones, y una de las lecciones puede ser revisar los sistemas de nombramientos para ver qué aspectos de la supervisión no hemos sido suficientemente exigentes”, sostuvo.
En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados, llamó a discutir cambios en la estructura del Poder Judicial.
La presidenta de la organización, Soledad Piñeiro, aseguró que debe existir una modificación centrada en la independencia de los jueces.
Por ahora, el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en los cambios a las asignaciones de notarios y jueces. Pese a que no se han entregado mayores detalles, han anunciado que se realizará a través de un proceso público y enfocado en el mérito.