El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, tiene un nuevo dolor de cabeza. Y no es precisamente por las diferencias -aún vigentes- con la subcontralora Dorothy Pérez, sino que ahora tienen directa relación con la fórmula del cálculo contable en la fiscalización a las municipalidades.
La luz de alerta, según informó el domingo La Tercera, se dio durante una reunión encabezada por Bermúdez el pasado jueves 28 de febrero, en la cual participaron los responsables técnicos de las auditorías a corporaciones edilicias.
Fue en ese encuentro, tras un comparativo de las auditorías que se habían hecho en los últimos meses, cuando se detectó que los auditores regionales no usaban una única fórmula para el análisis contable, sino más bien varias.
El temor de inmediato apareció ante la posibilidad de que los déficit establecidos por la Contraloría General podrían resultar distintos según la fórmula aplicada.
Esto motivó -entre el domingo y lunes- que los alcaldes acusados de haber generado un déficit en sus municipios, como ocurre con Virginia Reginato en Viña del Mar, que en su caso asciende a 17.500 millones de pesos; o Rodolfo Carter de La Florida, con 27.000 millones de pesos, salieran a defenderse y cuestionar el trabajo realizado por la entidad contralora.
De hecho, la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido en que milita Reginato -y que también es cercano a Carter- salió con fuerza a pedir la dimisión de Jorge Bermúdez. De paso, le reprochó por guardar silencio frente a una situación de la que se habría enterado hace más de un mes.
Al respecto, Jorge Bermúdez salió a defender su trabajo y el realizado por el personal técnico. Y, sobre todo, descartó presentar su renuncia al cargo. “¿Por qué voy a renunciar? Estamos haciendo el trabajo. Lo que pasa aquí siempre ocurre es el problema del auditor y el contralor. Cuando empiezan a aparecer cosas que empiezan a molestar, hay gente que cree que lo que hay que hacer no es hacer mejor su propia pega, sino que atacar al que está haciendo su trabajo”, acusó.
De paso, Bermúdez desestimó los alcances de la reunión del 28 de febrero e indicó que el contenido del encuentro corresponde a los debates normales que tiene con su equipo.
“Lo peor que puede hacer un jefe de servicio es no reunirse con sus directivos y con sus jefaturas. Yo permanentemente me estoy reuniendo para que haya coordinación, para que haya fluidez, para que haya mejoramiento continuo. Hay borradores de trabajo, hay discusiones, hay opiniones y eso es lo que pasó. A eso es lo que hizo alusión ese reportaje”, aseguró.
Con todo, el contralor evitó reconocer si efectivamente se generó ese día un debate sobre el punto o si se subsanó. Pero fuentes de Radio Bío Bío explicaron que no todas las fiscalizaciones son iguales, ya que existen diferencias entre los municipios grandes e instituciones edilicias pequeñas.
Aunque, las mismas fuentes internas sostienen que en el caso de Viña del Mar se auditaron montos utilizados y no los proyectados. Además, y tal cual está en el informe, en dicho proceso se detectaron horas extras, contratos y honorarios que no existían, entre otras irregularidades.
UDI amenaza con acusación constitucional
Sin embargo, para la UDI el tema es grave. Y así lo expuso la timonel del partido, Jacqueline van Rysselberghe. “Nosotros no podemos tener una Contraloría que se equivoca, que hace fallos autoritarios, discrecionales, ilegales e inconstitucionales, porque el daño que hacemos es muy grande”, acusó.
“Creemos que tiene que dar un paso al costado. Y si no lo da, nosotros vamos a evaluar la posibilidad de llevar adelante una acusación constitucional”, añadió.
Sin embargo, en Evópoli y RN fueron cautos. Inmediatamente tomó distancia el presidente de la tienda de Antonio Varas, Mario Desbordes, quien confirmó que pedirán una reunión con Bermúdez para escuchar su explicación. Eso sí, reconocen que el tema es grave y debe resolverse a la brevedad.
“Si es que existen efectivamente distintos criterios, el contralor tiene que arbitrar las medidas urgentes para aclarar aquellas auditorías que podrían estar en duda”, aseguró.
Por su parte, el Gobierno evitó entrar en la polémica. El secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, lejos de analizar la situación, apuntó a la necesidad de modernizar el ente fiscalizador.
“Durante el año 2019 vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley para modernizar la ley orgánica de la Contraloría”, aseguró.
Oposición al rescate
La oposición se alineó con el Contralor General de la República y remarcó que, de existir el problema, se arrastraría desde hace años y no correspondería a la gestión de Bermúdez.
“No nos parece responsable que se le culpabilice de la situación. Pero él sí debe dar una respuesta adoptando todas las medidas necesarias para que esta situación no se prolongue en el futuro”, aseguró el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde.
En la misma línea, la DC tomó distancia de las críticas de la UDI. El presidente de dicha tienda, Fuad Chahín, reconoció la gravedad del asunto, pero desligó de responsabilidad al contralor.
Con todo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados invitó para este miércoles al Contralor General de la República para que exponga y conteste las preguntas de los parlamentarios sobre esta polémica.