El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) advirtió este miércoles al ministro de Salud, Emilio Santelices; y al director de Fonasa, Marcelo Mosso, que excluir a las parejas lésbicas de la nueva cobertura de fertilización in vitro “es un acto ilegal y discriminatorio”, por lo que solicitó el cese de toda forma de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género o el estado civil.
La reacción tuvo lugar luego que Mosso señalara a T13 que la nueva política es exclusiva para heterosexuales. “Es pareja hombre-mujer, esa es la mayor cantidad de parejas que tenemos en el país. Por lo tanto estamos atacando ese problema hoy. El problema de parejas, por ejemplo, lesbianas, lo que ocurre detrás es que hay que tener donación de espermas”, señaló.
En paralelo se filtró un documento, aparentemente oficial y que compartió el Movilh, donde se establece que para acceder a la nueva política “tanto el hombre como la mujer deben ser beneficiarios de Fonasa (…) con un mínimo de 12 meses de cotizaciones”, con lo cual se excluye a parejas del mismo sexo.
“Resulta alarmante que se pretenda generar nuevas políticas públicas que vienen de la mano de la institucionalización de nuevas formas de discriminación que violentan las leyes y los acuerdos internacionales del Estado de Chile. Hemos solicitado -mediante una carta- al Minsal que recapacite y termine con las exclusiones”, señaló la vocera del Movilh, Daniela Andrade.
En la misiva al Gobierno, el Movilh explicó que la Ley Antidiscriminatoria 20.609 prohíbe todo tipo de exclusión arbitraria basada en “la orientación sexual, la identidad de género o el estado civil”, mientras que frente a los ojos del “Acuerdo de Unión Civil, las parejas, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género, constituyen familia”.
A la par, remarcaron que la exclusión de parejas del mismo sexo del nuevo programa de fertilización “transgrede el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el pasado 17 de mayo fue refrendado por el ministro Santelices”.
En dicho texto, el Estado se comprometió a “incluir dentro de las políticas de salud orientadas a las mujer a las personas lesbianas, bisexuales y transexuales con el fin de responder eficazmente a las necesidades de estos grupos”, sumado a que el ASA ha sido además declarado legal y vinculante por la Contraloría General de la República.