Estados Unidos solicitó detener a Carlos Cardoen para extraditarlo a ese país, por el caso de la compra de zirconio para las bombas racimo que el empresario producía en Chile y vendía a Irak.

El oficio, con carácter de reservado, fue recibido por la Cancillería y remitido este martes a la Corte Suprema.

El presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, deberá evaluar la admisibilidad del libelo, tarea que se conocerá este miércoles, tras lo cual se deberá designar un ministro instructor del máximo tribunal del país para evaluar si ordena el arresto preventivo de Cardoen.

Posteriormente, se inicia el proceso de extradición a cargo del juez nominado, quien recopilará y evaluará la prueba para dictar fallo, sentencia que debe ser revisada por la sala penal de la Corte Suprema antes de su ejecución.

Este es el mismo caso que mantiene a Cardoen desde 1993 sin la posibilidad de salir del país, pues posee una Alerta Roja puesta por Interpol a petición de Estados Unidos, la que fue retirada en 2009, pero más tarde renovada.

En los años 80, Industrias Cardoen se alió con la Fábrica y Maestranzas del Ejército para producir y comercializar armas, cuya actividad realizó hasta 1987.

Cardoen vendió bombas racimo por 150 millones de dólares al gobierno de Saddam Hussein, que en ese tiempo mantenía una guerra con Irán y por tanto era aliado de Estados Unidos.

Sin embargo, tras la invasión de Irak a Kuwait en 1990 –en una disputa en que uno de los puntos centrales eran los pozos de petróleo–, Estados Unidos intervino a favor de ese último país, en lo que se conoció como la Guerra del Golfo.

En 1993 Estados Unidos acusó a la Industrias Cardoen de importar de forma ilegal, desde su territorio, zirconio, el químico utilizado para la elaboración de artefactos explosivos.

“Fui autorizado por el gobierno chileno, y con la anuencia y apoyo del gobierno norteamericano, porque en esa época Irak era aliado de Estados Unidos. La acusación no dice relación con exportación de armas”, explicó Cardoen en enero a La Tercera.

De acuerdo a él, la imputación únicamente tiene que ver con la compra del zirconio, que en todo caso pudo haber obtenido desde otras partes del mundo.

“Lo compré en Estados Unidos porque era mucho más fácil y porque ellos me lo ofrecieron. Según ellos, esas exportaciones a Chile serían ilegales. Eso es una falacia”, aseguró.

“Yo fui y sigo siendo un chivo expiatorio, porque seguramente encontraron que era el más fácil de atacar… pero se les olvidó que los huasitos colchagüinos no entregamos la oreja tan fácil”, advirtió un día antes que el Senado aprobara un proyecto de acuerdo, con el que se pidió al presidente Sebastián Piñera interceder a su favor ante Estados Unidos.

Por el proceso judicial las propiedades del empresario en Florida fueron incautadas, las que estaban avaluadas en cerca de 30 millones de dólares en la época.

La producción de armas de Industrias Cardoen funcionó hasta 1987. Dos años antes, el 29 de enero de 1985, la planta en Iquique resultó destruida por una explosión en la que murieron 29 trabajadores. En relación a este último hecho el empresario ha sostenido que fue víctima de un sabotaje.