Entre 2006 y 2018, periodo en el cual ha existido el pago de patente por no uso de derechos de agua, la morosidad por este concepto acumuló US$206 millones.

Por otro lado, quienes sí cancelaron sus cuotas totalizaron US$315 millones, dineros que el Fisco recauda y distribuye entre el presupuesto general, municipalidades y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

De acuerdo a información de la Tesorería General de la República (TGR), a la que accedió La Tercera vía Transparencia, la morosidad iría en aumento, al menos si se consideran las cifras que dejaron 2017 y 2018.

Durante el primero, el Fisco sólo captó US$51 millones de US$110 millones y a fines del último sólo pudo cobrar US$31 millones de US$90 millones posibles.

Para 2019, en tanto, de acuerdo a la Dirección General de Aguas (DGA), se estima que podrían recaudar US$21 millones de un total que bordearía los US$50 millones.

La principal razón de esta situación, consignó el matutino, radica en el hecho que la inscripción de los derechos en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) no es obligatoria.

Aquello, no obstante, se pretende cambiar a través de la indicación sustitutiva que ingresó a la Cámara de Diputados en enero, mandantando a la DGA a hacerlo.

Pero la iniciativa también persigue mejorar las características de la patente y los procedimientos de cobranza asociados, de ser requeridos.

Debido a que lo anterior no está estipulado en la normativa vigente, no se puede notificar ni rematar los derechos de aquellos titulares con deuda, puesto que no están inscritos en el CBR.

En conversación con el citado medio, el director de la DGA, Óscar Cristi, acusó que la morosidad ocurre principalmente debido a la falta de herramientas con las cuales cuenta el Estado “para lograr el cobro efectivo de las patentes impagas”.

“El proceso judicial que se tiene que realizar para rematar derechos, por lo general toma muchos años”, detalló.

Así, Cristi afirmó que elaboran propuestas para potenciar la efectividad de la cobranza y el remate de los derechos.

Las iniciativas pretenden conectar el trabajo de la TGR con el de la DGA para hacer más expeditas las instancias de intercambio y validación de información, además de integrar a la DGA en la cuenta única tributaria.