Este miércoles, la ministra de Energía Susana Jiménez ha sido convocada a la Comisión de Energía del Senado para que explique por qué el Gobierno, en voz del propio presidente Sebastián Piñera, asumió que el costo del cambio de los denominados medidores inteligentes se imputará a la cuenta que pagan los usuarios y no será asumido por las empresas eléctricas, tal como se planteó en una moción parlamentaria de 2016.
La citación a Jiménez llega luego que el Presidente ratificara el martes por la mañana que serán los usuarios los que asuman el costo del cambio de medidores, palabras que reiteró por la tarde en el Palacio de La Moneda, instancia en la que asignó la responsabilidad de la ley y sus reglamentos al gobierno anterior.
“Va a haber un incremento en el corto plazo, del orden de los 200 pesos. Pero también va a significar muchos ahorros para las empresas, al no tener que enviar personal de medidores a cada hogar. Y eso se va a traducir en una menor tarifa”, aseguró.
Sin embargo, el senador Jaime Quintana (PPD) retrucó los dichos del mandatario y señaló que en la ley despachada por el Congreso en enero de 2018 no se establece que deben ser los usuarios quienes asuman el gasto por el cambio de medidores.
“En la ley no se establece que los cargos -de este sistema de lectura inteligente, que evita los cobros excesivos- iban a ser del usuario. Nunca la ley estableció que debía cobrarse al usuario”, subrayó.
Por esta razón, y en virtud de las diversas interpretaciones que ha generado la ley, la senadora Yasna Provoste (DC), presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, anunció la citación a la ministra de Energía, Susana Jiménez, “para clarificar cuál ha sido el rol del Ejecutivo en materia de fiscalización de algunas acciones de cobros de medidores, que están al margen de lo que está establecido en la ley”.
“Letra chica” del Senado
Otro aspecto que ha resultado polémico es el rol de la Cámara de Diputados en la aprobación unánime a las modificaciones del Senado a la idea original del proyecto, que buscaba imponer a las empresas eléctricas la “obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor” ante situaciones de emergencia o catástrofe.
El diputado Jaime Mulet (FRVS) aseguró que el proyecto venía del Senado con “letra chica”, con un texto muy técnico, por lo que no advirtieron las modificaciones que desnaturalizaron la iniciativa. “Miren el nombre del proyecto… el texto lo cambiaron. Es un texto técnico muy complejo”, admitió.
Aunque en la Cámara Baja también hicieron una autocrítica. El diputado comunista Daniel Núñez, aseguró que no analizaron con mayor profundidad las modificaciones de la Cámara Alta porque actuaron de buena fe. “No conocimos en detalle todo lo que trató el Senado. Pensamos que era un proyecto muy sencillo, de un artículo, y que no había ningún tipo de situación diferente. Y cometimos un error. Y por otro lado no tuvimos plena conciencia de los alcances”, reconoció.
Con todo, algunos parlamentarios anunciaron un proyecto de ley para revertir esta medida y que el costo sea asumido por las compañías distribuidoras de electricidad. Aunque lo mismo ocurrió en el caso de la también polémica ley de estacionamientos, donde la propuesta para revertir el sentido de la norma está durmiendo en el Congreso.