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Los abogados del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, presentaron su renuncia ante la ministra en visita, Romy Rutherford, quien investiga al militar en retiro por malversación de caudales públicos.
Se trata de dos de los defensores de Fuente-Alba, el abogado Alejandro Espinoza y la abogada Johanna Eskia, quienes presentaron su renuncia ante la ministra Rutherford.
En el documento presentado ante la jueza no se exponen las razones de la decisión, pero sí sostienen que sus renuncias ya fueron comunicadas personalmente a su representado, por lo que Fuente-Alba se encuentra al tanto de su situación profesional y del estado de la causa.
De esta forma, el general retirado solicitó la designación del Maximiliano Murath como nuevo abogado patrocinante.
Previo a la renuncia de sus abogados, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa para el próximo martes 12 de marzo.
De esta forma, los representantes de Fuente-Alba ante la justicia se ajustaron a las facultades que tienen para solicitar información respecto de lo que está llevando adelante la Fiscalía -en sede penal-, para que el general retirado pueda ejercer debidamente sus derechos.
Todo esto en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público respecto de una eventual lavado de activos, indagatoria que está a cargo del fiscal Centro Norte, José Morales, quien indaga el patrimonio del general retirado y su relación con el origen del dinero en sus cuentas corrientes y bienes.
El abogado querellante en el caso de fraude en el Ejército con la Ley Reservada del Cobre, Cristián Cruz, cuestionó la lentitud con la que ha actuado el ente persecutor, en la justicia civil.
“Creo que esto demuestra la lentitud con la que ha operado la Fiscalía, aquí debe haber una mayor celeridad y seriedad del Ministerio Público en la persecución en contra de Fuente-Alba y los demás responsables, ya sean cómplices o encubridores”, señaló.
En paralelo, la ministra en visita, Romy Rutherford, ordenó la detención del general en retiro Jozo Santic, quien era el tesorero y encargado de gestionar los dineros de los gastos reservados mientras Fuente-Alba estaba en la comandancia en Jefe del Ejército.
Según las declaraciones de Fuente-Alba, Santic aparece mencionado como la persona que pagaba los dineros de “apoyo a los excomandantes en jefe”, que fluctuaban entre los 400 y los 800 mil pesos, y que eran recibidos por generales en retiro, entre ellos, Juan Emilio Cheyre, Ricardo Izurieta y Óscar Izurieta.
La diputada del PPD e integrante de la comisión de Defensa de la Cámara, Loreto Carvajal, aseguró que este tipo de situaciones ya no sorprenden y dañan la institucionalidad del país.
“Ya no nos sorprende, creo que la implicancia de un extesorero que ha sido detenido, abre la interrogante más profunda sobre cuántas personas más van a ser procesadas o están implicadas en este caso”, sostuvo.
“Creo que esto daña el alma del Ejército y la institucionalidad de un país”, sentenció la parlamentaria.
El diputado de Renovación Nacional, integrante de la misma comisión, Leonidas Romero, aseguró que es necesario “limpiar” la institución castrense.
“El caiga quien caiga tiene que ser real, aquí hay que limpiar la institución, esto le hace daño al Ejército”, opinó.
La ministra Rutherford tendrá cinco días para decidir el procesamiento de Jozo Santic, mientras tanto el general retirado permanecerá detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Recordemos que Fuente-Alba se sumó a otras altas autoridades que han sido procesadas en el marco del “Milicogate”, una megacausa que investiga desde 2016 a una red de uniformados y civiles por apropiación indebida de fondos estatales.
La investigación sumó información de viajes oficiales en los que el exjerarca fue acompañado por su pareja y de “altos valores pagados” por el Ejército en pasajes aéreos, alojamientos y traslados para el excomandante y su comitiva.
En nuestro país, las Fuerzas Armadas cuentan con un millonario financiamiento gracias a la llamada “Ley Reservada del Cobre”, que obliga a entregar a filas castrenses el 10% de las ventas de la cuprífera estatal Codelco, mayor productora mundial de cobre.
Sobres mensuales con dinero para la cúpula militar, regalos pagados por el Ejército para esposas de altos mandos y autoridades, viajes y viáticos para señoras, incluidos los de placer, o ayudas para “ropas adecuadas” son algunas prebendas que salieron de los fondos reservados, según la jueza Romy Rutherford.
Además de correr con todos los gastos del mantenimiento y funcionamiento de la vivienda oficial del comandante en jefe, el ejército también prodigaba regalos a las señoras de los generales. Las esposas de los que se retiraban recibían una pulsera de oro con los grados del general y las de quienes ascendían, una medalla.
A principios de cada año se definían los regalos por el cumpleaños para todos los generales y para las autoridades políticas con las que se relacionaba el Ejército, como por ejemplo, el ministro de Defensa, subsecretarios y presidente de la República.
Los valores de estos regalos fueron reduciéndose con el tiempo, pasando de $250.000 hasta $100.000.
Sus predecesores en el cargo, al igual que él, recibían una “colaboración” mensual de cerca de $800.000 en dinero en efectivo en sobres, procedentes de los fondos reservados. Su sucesor lo suprimió en 2017, cuando ya el Ejército estaba bajo escrutinio judicial.
Los viajes de la esposa de Fuente-Alba, cuando lo acompañaba en sus viajes oficiales, también se imputaban a los fondos reservados, una práctica habitual desde 2008, según alega.
