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Parlamentarios cuestionaron el documento elaborado por el Ejército, que concluyó que los oficiales y suboficiales no tenían la obligación de devolver excedentes en viajes por comisión al extranjero, en el marco del Caso Viáticos protagonizado por el excomandante Juan Miguel Fuente-Alba.
Un informe elaborado en octubre del año pasado por el Comando General de Personal de la Comandancia en Jefe del Ejército, concluyó que los oficiales y suboficiales que realizaron viajes por comisiones al extranjero, no tenían la obligación de devolver excedentes.
El planteamiento de la institución castrense se opone a la lectura de la ministra Romy Rutherford, quien persigue hechos como malversaciones y presunto fraude al Fisco.
El documento, revelado por El Mercurio, indica que todas las autoridades que participaron de alguna comisión en el extranjero cumplieron con los procedimientos establecidos en un reglamento, que no permite hacer devoluciones ni a las agencias de viaje, como tampoco a las arcas fiscales.
Según el presidente de la comisión de Defensa del Senado, el independiente Carlos Bianchi, la explicación solo pretende convertir como algo normal, un acto poco ético.
“Esta situación tendrá que determinarla la justicia, establecer si efectivamente es o no legal la forma en que se llevaban adelante estos procesos.Pero yo creo que es inmoral, de un grado de abuso extraordinario, es una situación que por más que pretendan hacerlo ver como un hecho legal, claramente es inmoral”, sentenció.
El modelo de operar de los oficiales y suboficiales en estos viajes de trabajo, que muchas veces se transformaban prácticamente en vacaciones familiares, consistía en abultar los pasajes aéreos, para luego recibir el saldo a favor como excedente.
La persona comisionada al extranjero “ha cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento y cartillas institucionales, de 1993 y de 2013”, concluye el documento elaborado por el Ejército.
Este último texto fue respaldado por el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, quien pidió no enjuiciar a las autoridades cuando sus actos están, a su juicio, apegados a la ley.
“Si el Ejército tiene una reglamentación que permite hacer ese tipo de viajes, no debería ser ilegal. Independiente si pueda ser moral o inmoral, pero es la reglamentación, por lo tanto, hay que respetarla”, sostuvo.
En tanto, el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teillier, sostuvo que un escándalo institucional de la envergadura como el millonario fraude en el Ejército, requiere una respuesta más fuerte del Gobierno.
Según el legislador, La Moneda no ha estado a la altura para enfrentar la malversación.
“El Gobierno es poco lo que ha hecho o nada, en relación a esto. Nosotros queremos que se investigue hasta el final y que aprovechando esta coyuntura, podamos tomar todas las medidas que termine con esta forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas”, indicó.
Diagnóstico que compartió el abogado querellante del fraude en el Ejército, Cristián Cruz, quien pidió la participación del Ministerio del Interior como parte querellante en la causa.
Para Cruz, se requiere una indagatoria rigurosa que identifique en detalle la defraudación en la institución castrense.
“¿Por qué el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, no se querella en estos casos? ¿Es que le tienen miedo y prefieren perseguir a aquellos que andan asaltando supermercados, pero cuando los que asaltan al patrimonio fiscal usan uniforme y usan armas con cargo del Fisco, ya no tiene sentido la persecución por parte de los Gobiernos?”, cuestionó.
Este lunes declaró, nuevamente, el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por malversación de caudales públicos, por 3.500 millones de pesos.
Esta semana, además, se deberían reunir el ministro de Defensa, Alberto Espina, y la ministra en visita, Romy Rutherford.
