Un informe de octubre de 2018, elaborado por el Comando General de Personal de la Comandancia en Jefe del Ejército, concluyó que una de las aristas investigadas por la ministra en visita Romy Rutherford -respecto a las viajes al extranjero por comisión de servicio- no constituyen el delito de lavado de activos.

Dicha arista, conocida como “Empresas de turismo”, indaga un fraudulento uso de dinero fiscal en donde oficiales adulteraban pasajes aéreos, para que los excedentes fueran devueltos y/o utilizados para otros viajes.

Según el documento del Ejército, el personal comisionado ha cumplido con los procedimientos establecidos en el reglamento y que los saldos a favor correspondientes a los cambios de itinerarios y derechos del usuario, eran entregados al mismo interesado.

Esto, debido a que no se puede devolver a la empresa que concretó el viaje ni tampoco una devolución a las arcas fiscales, ya que los recursos entregados por el Estado consisten en otorgar derechos al personal.

Una explicación que no dejó conforme al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Bianchi (IND), que calificó el informe como una estrategia para hacer ver que actos poco éticos son legales.

Menos drástico fue el diputado de la UDI que integra la comisión de Defensa de la Cámara Baja, Ignacio Urrutia, que pidió no enjuiciar a autoridades del Ejército cuando su actuación está amparada por reglamentos.

En muchos de estos viajes se aplicaba este modus operandi de adulterar pasajes y de esta forma transformar viajes por comisiones a vacaciones en familia, en destinos como Estados Unidos o el Caribe.

Sobre esta situación, el documento del Ejército justifica que el personal vacacionara sin hacer uso de feriado legal, permiso administrativo o sin goce de sueldo, ya que se estaba frente a una inactividad laboral por razones de fuerza mayor.