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Cerca de las 07:30 horas de este jueves llegó hasta un cuartel de la PDI el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien -tras constatar su estado de salud- fue notificado en el 34° Juzgado del Crimen de un nuevo procesamiento por presuntas violaciones a los Derechos Humanos registradas durante la dictadura, tras lo cual quedó detenido.
El encargado de dictar dicho procesamiento fue el ministro en visita Vicente Hormazábal, quien investiga las denuncias de 24 ex presos políticos de La Serena.
En concreto, los cargos en su contra apuntan a la aplicación de tormentos en calidad de autor a los detenidos tras el golpe de Estado.
Pero la causa también incluye a otros tres oficiales de la época: el excomandante del regimiento Arica de La Serena, el coronel retirado Ariosto Lapostol; el excomandante del Regimiento Arica, Jaime Ojeda; y el entonces subteniente del mismo recinto, Mario Larenas Carmona.
Ninguno de los uniformados dio declaraciones durante su ingreso ni tampoco a su salida del tribunal, durante este mediodía, cuando fueron trasladados al batallón de Policía Militar de Peñalolén.
Eso sí, a la distancia, Ojeda gritó hacia la prensa que los “terroristas de izquierda” habrían “ganado” y acusó que éstos recibirían beneficios económicos.
Este procesamiento corresponde a un nuevo capítulo en la materia para Cheyre quien, en noviembre, fue condenado por el ministro Mario Carroza a tres años y un día de presidio como encubridor de los homicidios de 15 presos políticos, tras el paso de la Caravana de la Muerte por la capital de Coquimbo.
Tras su salida de la comandancia en jefe, el general Cheyre llegó al Servicio Electoral como director, puesto al que renunció en julio de 2016 tras su primera detención, decretada por el mismo juez Carroza.
La defensa del ex alto mando, el abogado Jorge Bofill, ha insistido en la inocencia de su cliente, apelando a la condena por el caso Caravana de la Muerte y las denuncias por torturas.
Con todo, pese a que quedaron detenidos tras el procedimiento, el ministro en visita autorizó la libertad bajo fianza para los oficiales detenidos, aunque con previa consulta a la Corte de Apelaciones de La Serena.
Revisa a continuación el documento del Poder Judicial:
