El Gobierno prepara modificaciones al actual sistema de extradición, y busca facilitar el proceso de retorno de condenados al país.
En la oposición calificaron la medida como demagógica, y acusan doble estándar del Ejecutivo respecto de los delitos de lesa humanidad.
Desde 1999 data la regulación sobre el sistema de extradición, incluido en el Código Procesal Penal, que el Gobierno pretende actualizar para facilitar el retorno de condenados hacia el país.
Dentro de las modificaciones, se buscaría ajustar la pena efectiva a la máxima establecida en la penalidad del país requerido en la solicitud de extradición activa, es decir, cuando se pida el retorno de un condenado hacia Chile, ya sea para su juzgamiento o condena.
En entrevista con La Tercera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que la reforma busca “resolver un problema”, y permitir que los condenados cumplan una pena inferior a la establecida inicialmente por la justicia chilena, por sobre gozar de impunidad en el extranjero, al no ser declarados extraditables.
El diputado de la UDI, Issa Kort, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores, respaldó la propuesta y señaló que el sistema de extradición debe enfocarse en las víctimas y no en la conveniencia de los condenados.
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Por su parte, el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, acusó un doble estándar del Gobierno al poner énfasis en los crímenes políticos por sobre los de lesa humanidad, y advirtió que la reforma sería demagógica, puesto que definir la extradición de un refugiado está fuera de sus atribuciones.
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El abogado experto en derecho internacional y académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros, asegura que la discusión de los ajustes está en la linea correcta, ya que muchas veces la extradición se ve entrampada por la diferencia en los tiempos de condena entre los países involucrados.
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La idea debiese ser discutida en un trabajo prelegislativo junto al Ministerio Público y Cancillería, para ser presentada en un proyecto de ley antes de que termine el primer semestre del 2019.