Dos decretos firmados con las concesionarias del grupo español Abertis, encargadas de las rutas 68 (Santiago-Valparaíso, Rutas del Pacífico) y 78 (Santiago-San Antonio, Autopista del Sol), fueron publicados por el Gobierno a fines de 2018, los cuales detallan cómo se llevarán a cabo medidas para reducir el alto tráfico en ambas autopistas; sobre todo en temporadas de vacaciones.

Se trata del “peaje a luca”, el cual las empresas deberán aplicar 14 días al año, a discreción del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Una decisión que podría generar polémica, debido a las pérdidas económicas que significarían para estas firmas, pero que no será así.

Lo anterior, ya que será el mismo MOP el que compensará a las concesionarias de las rutas 68 y 78 cuando ofrezcan el “peaje a luca”. Es decir, fondos públicos irán hacia estas grandes empresas para impedir las pérdidas que significará ofrecer un peaje a un bajo precio; lo que al mismo tiempo supondrá un tráfico más rápido, consigna Diario Financiero.

Se trata de una iniciativa nueva, que no había sido realizada antes. De hecho, en el gobierno de Michelle Bachelet se logró conseguir peajes a “luca”, pero con cargo a las mismas empresas, señala el mencionado medio.

“Nosotros conseguimos que las empresas tuvieran el peaje a luca, pero sobre la base que ellos asumieran esos menores ingresos; nunca tuve constancia que nosotros cofinanciáramos eso”, comentó Sergio Galilea, exsubsecretario de Obras Púbicas de Bachelet.

En tanto, los argumentos del Ejecutivo son claros: señalan en el documento que, para lograr las modificaciones a los peajes, es necesario indemnizar a las empresas para no dañarlas económicamente.

“Las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, dispuestas en el presente decreto supremo, generan perjuicios para la sociedad concesionaria, todo lo cual, de conformidad con las disposiciones legales, obliga a compensarla acordando con ella las indemnizaciones necesarias para restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, de manera de no comprometer su buen desarrollo y término”, argumenta el Gobierno en los decretos que cita el medio.

Al respecto, Galilea se mostró en contra de la medida, asegurando que son las empresas las que deberían ofrecer peajes reducidos de forma voluntaria.

“Me parece mal, esto debiera ser de cargo de las empresas. Las concesionarias deberían abrirse a estos mecanismos que, en mí opinión, son de bajo costo pero implican tratar bien a los usuarios que no pagan por estar parados en un taco”, concluyó.