Senadores de la Comisión de Educación presentarán un proyecto que establece la prohibición de publicar en informes comerciales el registro de deudas generadas por financiamiento educativo, desde la etapa escolar a la educación superior.

Al igual que en el caso de deudas por servicios básicos, el objetivo de no incluir la morosidad educativa en informes Dicom es permitir a los afectados poder acceder a la banca, como por ejemplo, con créditos hipotecarios.

Yasna Provoste, presidenta de la instancia, explicó que el Crédito con Aval del Estado (CAE), surgió en un contexto de escasez de recursos, y que con la actual implementación de la gratuidad, mantener las deudas sería injusto.

En ese sentido, señaló que este proyecto es sólo una pequeña reparación para los deudores.

“Todos aquellos que han hecho un esfuerzo importante en materia educacional, no pueden tener sus registros en ningún informe”, manifestó.

Por su parte, el senador PPD Jaime Quintana aseguró que espera un apoyo transversal a la iniciativa, y si el oficialismo se opone, estaría consolidando una validación a la industria en materia educacional que, según él, representa el proyecto de Admisión Justa.

“Evidentemente estamos frente a una contrarreforma en materia educacional, por lo tanto nace esta iniciativa y debiese tener un respaldo mayoriatario”, advirtió.

Asimismo, la diputada del nuevo Partido Comunes, Camila Rojas, que presidió la comisión investigadora por el CAE, señaló que en las conclusiones de dicha instancia determinaron errores en la implementación hacen injusto su cobro, por lo tanto, al incluirlos en Dicom se les estaría revictimizando.

“Tuvo problemas de diseño e implementación. Esta deuda es injusta”, recalcó.

La iniciativa tiene carácter retroactivo, por lo que los deudores serán borrados del registro comercial, y apunta a que, eventualmente, se pueda alcanzar un mecanismo de condonación al CAE.